El
corte de la Corte
I. Roberto Eisenmann, Jr.
 La nación panameña sencillamente no puede seguir con una Corte Suprema dedicada a la triquiñuelería, a la viveza, a paralizar investigaciones de conocidos actos de corrupción, a ordenar la devolución de dineros mal habidos y a, abiertamente, expresar que su Presidente incumplirá una ley de la República porque no le conviene...utilizando leguleyadas propias de abogaduchos.
¿Que si la Ley Faúndes es abominable ya que se aprobó para ser aplicada a una persona?...sí, concuerdo, pero es ley de la República. ¿Que si frente a una controversia entre la Constitución y una ley tiene prelación la Constitución?...sí, concuerdo, pero quien tiene que decidir la inconstitucionalidad de la ley es la Corte Suprema, y ya lo hizo, sentenciando que la Ley Faúndes es constitucional; además, la ha aplicado en varias ocasiones, incluso con la firma del magistrado Pereira, de manera que si la ley es constitucional según la Corte –y no ha sido derogada– es la ley...y quien tiene la máxima obligación de cumplirla es precisamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia (ver artículo “Dura Lex, Sed Lex”, del abogado Hernando Chiari, La Prensa 3 de Octubre).
Así las cosas, tenemos un presidente de la Corte ilegítimo, y dos magistrados cuyos nombramientos son vistos por la mayoría de la población como producto de compra/venta de votos, o sea también ilegítimos. Un magistrado ponente de un acto jurídico que procura paralizar la acción investigadora que pende sobre conocidos maleantes de Palacio quienes –¡Dios mío!– eran sus socios (ver La Prensa 3 de octubre).
¡¿Hasta cuándo tanta porquería dentro de lo que para mí no es más que la Corte de la Suprema Corrupción?!...increíblemente, por ahí hay algunos magistrados rogando reelección.
¡Este país no puede seguir funcionando civilizadamente sin ley!
Los magistrados de la Corte simplemente se tienen que ir. Todos se tienen que ir, si hemos de hacer un intento serio de reforma.
Siento que el Presidente de la República tiene que iniciar un proceso de consulta con la sociedad sobre una lista de potenciales magistrados jurídicamente meritorios, íntegros y políticamente independientes.
Una vez tenga una terna completa aceptada por la sociedad en conjunto, de tal manera que no pueda existir la sensación de inseguridad de que sea posible pasar de guate-mala para ir a guate-peor (con el perdón de los guatemaltecos), entonces que se provoque una investigación de los magistrados, una que termine en renuncias o en cárcel (las pruebas están a la luz del día para cualquier investigador serio).
Así, con una nueva Corte Suprema de Justicia conformada por magistrados respetables y respetados que no se le “echen” al poder ejecutivo, se podrá iniciar una reforma legítima y seria del sistema de justicia, para que deje de ser un sistema para la impunidad. El país legal podrá entonces conciliarse con el país real.
El autor es presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Además en opinión
• El corte de la Corte: I. Roberto Eisenmann, Jr.
• ¿Panamá neoliberal?: Francisco J. Ibero
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• No aprendimos la lección: Vanesa Rosales G.
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