Temor
de fraude electoral en EU
Hay varias propuestas para obligar a que los conteos electrónicos ofrezcan algún mecanismo paralelo de conteo impreso que permita confirmar –y si es necesario, reconfirmar– los resultados Betty Brannan Jaén
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WASHINGTON, D.C. –En 1877, Estados Unidos (EU) instaló su propio “Fraudito” en la Presidencia. Se llamaba Rutherford B. Hayes, conocido popularmente como “Mr. Fraudulency”.
En esas elecciones, los candidatos fueron Hayes (republicano) y Samuel Tilden (demócrata) y se necesitaba tener 185 votos en el Colegio Electoral para triunfar. A la medianoche después de la elección, era evidente que Tilden contaba con 184 votos seguros en el Colegio Electoral (Hayes tenía 181) y que Tilden aventajaba a Hayes por un margen relativamente amplio (250 mil votos) en el voto popular. Pero quedaba por contar Florida, con cuatro votos electorales.
A la mañana siguiente, los demócratas se desayunaron con la sorprendente noticia de que Hayes había ganado Florida, alcanzando así los 185 votos necesarios en el Colegio Electoral. Entre iracundas acusaciones de fraude y mucho más, salió a relucir que además de Florida, se habían dado irregularidades graves en los estados de Luisiana y Carolina del Sur. Cuando investigadores del Departamento de Justicia no lograron aclarar los hechos, el Congreso de Estados Unidos nombró una comisión que supuestamente estaría repartida igualmente entre demócratas y republicanos, pero que resultó tener un supuesto “independiente” que en verdad era republicano. Con ese “gallo tapao”, la comisión votó de manera estrictamente partidista y (por margen de un solo voto) declaró a Hayes como ganador. Pero fue una victoria con sabor muy amargo y Hayes no buscó la reelección.
El ejemplo de Hayes sembró en muchos estadounidenses la noción de que la presidencia de George W. Bush produciría un mandatario deseoso de gobernar por consenso y un pueblo deseoso de reformar su sistema electoral. Pero nada de eso ha ocurrido. Bush dispuso desde el primer momento –y esto quedó fortalecido por el 9/Sep.– que él había “ganado” y descartó toda noción de una presidencia debilitada por las circunstancias de ese triunfo. Y el esfuerzo ciudadano por reformar el sistema electoral tuvo poco éxito, porque Estados Unidos –igual que Panamá– es una “partidocracia” en que la clase política quiere manipular el sistema pero no cambiarlo.
Pero si no se ha podido reformar el sistema, hay un fuerte deseo ciudadano de al menos evitar otro fraude electoral como el que ocurrió –a ojos de muchos, y me incluyo– en 2000. Aunque el gobierno de Bush ha rehusado pedir observadores internacionales a la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas (que solo envían observadores cuando el gobierno en cuestión lo solicita formalmente), hay un buen numero de organizaciones cívicas que están montando sus propios programas de monitoreo “para defender el voto”.
Por ejemplo, los estudiantes de derecho en Harvard University han formado una organización llamada Just Democracy, que pretende reclutar a 2 mil estudiantes de derecho en todo país para servir como observadores. Los estudiantes de derecho en Columbia University han formado un grupo parecido que concentrará sus esfuerzos en los 12 estados más disputados.
Otras organizaciones quieren concentrarse en evitar la discriminación racial o étnica en la votación. Parece innegable que en 2000 se logró bloquear a miles de negros para evitar que votaran en Florida; reprimir el voto negro generalmente favorece al Partido Republicano y la NAACP (organización cívica para afro-americanos) está movilizándose para que esto no vuelva ocurrir.
También hay quienes se preocupan por la confiabilidad de las máquinas de votación, especialmente aquellas en que uno vota tocando una pantalla electrónica (touch-screen voting) y la máquina lleva un conteo electrónico de la votación. Además de que se acusa que el presidente de la más importante empresa manufacturera de estas máquinas (Diebold Corporation) ha declarado su apoyo a Bush, hay varios estudios que señalan que es fácil manipular los resultados del conteo electrónico. Por ello, hay varias propuestas para obligar a que estos conteos electrónicos ofrezcan algún mecanismo paralelo de conteo impreso que permita confirmar –y si es necesario, reconfirmar– los resultados.
Y aunque el gobierno de Bush no haya pedido observadores oficiales del extranjero, el programa Fair Election, del organismo Global Exchange, ha organizado una misión de 20 observadores internacionales que ya están en Estados Unidos haciendo sus investigaciones preliminares. Esta misión internacional incluye observadores de Argentina, México, Chile y Nicaragua, porque resulta –¡oh dulce ironía!– que en esto de “defender el voto” frente a un posible fraude electoral, los latinoamericanos hemos adquirido destrezas importantes. Si el subsecretario de Estado, Roger Noriega, piensa que las elecciones haitianas del 2000 “no cumplieron con estándares internacionales”, aquí estamos los latinoamericanos para responderle que las de Estados Unidos tampoco.
La autora es corresponsal de La Prensa
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