Aunque en las elecciones del pasado 2 de mayo el pueblo panameño celebró una fiesta electoral, que dio como resultado la escogencia del Presidente de la República, legisladores y representantes de corregimiento para los próximos cinco años, también fue testigo de una serie de irregularidades dignas de lamentar. Supuesta compra de votos, uso indebido de dinero del Estado para apoyar a candidatos oficialistas, e impugnaciones, obligaron al fiscal electoral a empezar investigaciones y a pedir la anulación en algunos circuitos, lo que ha dado como resultado la celebración de nuevos comicios. Si bien es cierto hoy se escogerá al legislador que representará al circuito 5-1 en la Asamblea Nacional, también es cierto que los procesos para determinar si hubo o no delito electoral deben continuar. Que no se piense ni se presuma por un instante que el indulto le cabe a los delitos electorales, y que la celebración de estas elecciones son un somnífero para que el pueblo olvide lo que ocurrió con los cheques del Banco Nacional que sirvieron para la compra de almas y votos. El pueblo espera una investigación seria sobre todas las prácticas ilícitas, que al atentar contra el sufragio lesionan igualmente a la democracia.