Auditoría interna, herramienta contra la corrupción
Tal como reflejan publicaciones de la Contraloría General de la República, la situación actual del control interno en la mayoría de las instituciones públicas es preocupante Leandro Ferreira Béliz
 El tema de la corrupción en la administración pública ha logrado despertar el interés de la sociedad en su conjunto. Casi a diario aparecen en los principales medios informativos, sonados escándalos relacionados con el manejo de los fondos y bienes de la nación, y surgen múltiples opiniones sobre lo que debe hacerse para combatir uno de los males que amenaza nuestro futuro.
El tema ha cobrado tanta importancia, que incluso en la pasada contienda electoral el combate a la corrupción fue una de las promesas más destacadas en los planes de gobierno de los distintos aspirantes a cargos públicos, tanto es así, que el presidente electo, Martín Torrijos, llegó a comprometerse con darnos un gobierno de “cero corrupción”.
Para la mayoría de los ciudadanos la meta trazada por el próximo gobierno resulta utópica. No obstante, por el momento, prefiero incluirme en el grupo de optimistas que piensa que si se pueden minimizar los niveles de corrupción, siempre y cuando se adopten medidas para prevenir, detectar y castigar los actos que impliquen mal uso de bienes o fondos públicos, o que atenten contra los intereses de la nación.
Entre las medidas necesarias está el fortalecimiento de la auditoría interna en cada una de las dependencias estatales. Para comprender la importancia de esta función en el engranaje gubernamental, es necesario repasar brevemente algunos conceptos básicos, tales como el control interno, el cual podemos definir como el conjunto de normas y procedimientos establecidos por la alta dirección de una entidad para proteger los activos contra pérdidas o malos usos, promover la eficiencia en las operaciones, garantizar el cumplimiento de las políticas organizacionales, y garantizar la confiabilidad de la información financiera.
Corresponde a las unidades de auditoría interna revisar y evaluar constantemente la efectividad del control interno establecido en cada una de las áreas que conforman una institución, con la finalidad de garantizar su vigencia, o recomendar mejoras.
Tal como reflejan publicaciones de la Contraloría General de la República, la situación actual del control interno en la mayoría de las instituciones públicas es preocupante. La carencia de medidas apropiadas para salvaguardar fondos y bienes públicos, y garantizar su uso eficiente en pro del mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos, es la nota característica. Por esta razón, urge que se adopten medidas tendientes a lograr los siguientes objetivos: 1. La ubicación de las unidades de auditoría interna en un nivel dentro de la respectiva estructura organizacional, que le permita efectuar su función con independencia e imparcialidad (libre de presiones y limitaciones); 2. El mejoramiento de la calidad profesional del personal de auditoría; 3. El compromiso de las autoridades respectivas, de apoyar la gestión que se realice para mejorar la efectividad del control interno.
Llama poderosamente la atención el hecho de que en la mayoría de las entidades gubernamentales, auditoría interna responde jerárquicamente al ministro o director de turno, los cuales optan por nombrar directamente y sin concurso alguno al funcionario que ejercerá tan importante función. La realidad indica que en la mayoría de los casos estos funcionarios son allegados al que ejerce la máxima autoridad en la institución, y por consiguiente resulta afectada la independencia. La figura de los comités de auditoría o el reporte directo a las juntas directivas respectivas, sería lo ideal para garantizar la imparcialidad y libertad de acción del auditor. Sobre este último punto opino que podría incorporarse la participación ciudadana en estos comités de auditoría, mediante representantes de asociaciones cívicas o profesionales, de forma tal que se permita a la colectividad participar en el control y fiscalización de las finanzas públicas.
Otro de los factores que en mi opinión afecta la función de la auditoría interna gubernamental, es la calidad profesional de quienes ejercen este importante cargo. Los nombramientos que obedecen a compromisos políticos o al denominado “amiguismo”, constituyen la tendencia actual con contadas excepciones, y esta tendencia se ha mantenido invariable en los últimos gobiernos. Normalmente los cargos no son sometidos a procesos de selección basada en méritos, experiencia y habilidades especiales, tal como ameritan. Por consiguiente, un alto porcentaje de quienes se desempeñan como auditores no reúne los requisitos mínimos contemplados en las normas técnicas respectivas, tanto locales como internacionales. Esto resta prestigio y credibilidad a la profesión.
Finalmente, es importante mencionar que en la actualidad, a los informes de auditoría interna no se les presta la atención debida. Es lamentable ver cómo se invierten recursos sin lograr ningún objetivo. Recomendaciones no aplicadas y hallazgos recurrentes evidencian la poca importancia que tienen para los directivos de las entidades públicas los informes de auditoría interna, los cuales en su mayoría terminan en un olvidado archivo. La no aplicación de recomendaciones surgidas de una auditoría debiera ser objeto de sanciones para los funcionarios responsables de esta omisión, siempre y cuando se hayan determinado previamente las ventajas, la viabilidad y factibilidad de ellas.
No puedo ni pretendo en este corto espacio hacer un diagnóstico completo de la situación actual de la auditoría interna en el sector público. Sin embargo, y tal como señalé al principio, la intención es aportar ideas a los futuros gobernantes sobre algunas de las medidas que se pueden adoptar para alcanzar la meta que se identifica con una de las aspiraciones mayoritarias de la sociedad: “combatir la corrupción”.
El autor es auditor
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