Parlamentando
LINA VEGA ABAD
lvega@prensa.com
Después de un intenso lobby del gremio de la construcción, la presidenta, Mireya Moscoso, incluyó en este interminable período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el proyecto que ha sido bautizado "Ley de las Alturas". La razón: un fallo de la Corte Suprema resucitó una ley de 1941 que ponía coto a esa especie de patente de corso que tienen los constructores para levantar inmensas torres de apartamentos, sin tomar en cuenta la existencia de una infraestructura adecuada.
La ley fue efectivamente derogada esta semana. Sin embargo, los señores constructores no han quedado contentos con lo sucedido debida a una norma transitoria incluida en el proyecto. Tan molestos están, que han pedido el veto presidencial.
El "malévolo" artículo transitorio que mantiene en pie de guerra al gremio dice lo siguiente: "A partir de la promulgación de la presente Ley y hasta tanto se legisle sobre la materia de que trata el artículo anterior, los municipios respectivos solamente podrán otorgar permisos de construcción para edificios cuya altura proyectada guarde proporción con la infraestructura disponible y con el entorno urbano, en base a la evaluación previa que haga el Ministerio de Vivienda...". Además, se señala que el ministerio deberá tomar en cuenta los conceptos de "interrelaciones ambientales y humanas plasmados en el Plan Metropolitano y los intereses de la comunidad".
En realidad, la norma objetada no hace otra cosa que volver a dejar en blanco y negro cuáles son las tareas que debe cumplir la Dirección de Desarrollo Urbano del MIVI y que, por razones que escapan al interés de las mayorías, han dejado de realizarse. Con la llegada de un nuevo gobierno, veremos si la ciudad de Panamá –para no hablar del resto del país– continúa siendo un simple y frío objeto de mercado, o recobra ese concepto primigenio de ciudad, que incluye la convivencia, la participación ciudadana y el desarrollo de las libertades.
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