Mano
Dura o alto al vandalismo y al caos
Panamá puede legalmente corregir y salvar esta juventud que anda por mal camino, porque es el futuro de la patria lo que está en juego Ligia M. Justavino
margaritajust@hotmail.com
Aunque el periodo presidencial está expirando, la señora Mireya Moscoso ha tomado la determinación firme y decidida de ir en contra de la delincuencia y la corrupción en las calles de Panamá con el operativo Mano Dura.
Complace saber que este operativo ha servido para capturar a forajidos peligrosos que son el terror de la comunidad y detener un poco a la juventud descarriada de nuestro país. Ojalá que todos los gobiernos continúen permanentemente con esta modalidad policial, para salvaguardar la vida y hacienda de todos los ciudadanos de Panamá.
Sin menoscabar los derechos del niño y del adolescente, que son sagrados, el compromiso presidencial es el de vigilar y respetar. La más alta magistratura de la nación ha tenido la necesidad de poner alto a estos derechos, porque ya se translimitan en manos de criminales adolescentes que promueven la anarquía y el caos dentro de la sociedad.
La presidenta, antes de terminar el mandato, no solo ha puesto un alto a la delincuencia, sino que se propone promulgar una ley de castigo de hasta 20 años para el adolescente infractor, para lograr que se abstenga de cometer delito o castigarlo si delinque. Considero que esta ley no da solución a este gran mal social de la familia y la sociedad, pues al menor criminal no se le debe recluir en una cárcel común, ni en un tutelar de menores donde no recibirá la correcta reeducación.
Tal vez fue este el motivo por el cual el pleno de la Asamblea Legislativa retiró a la presidenta su respaldo a este proyecto de ley. Pero este grave problema social necesita ser atendido con urgencia y todos debemos involucrarnos, desde el presidente electo de Panamá, Lic. Martín Torrijos, para que lo incluya en su programa de gobierno y en el presupuesto de la nación, así como también todos los legisladores de la Asamblea Legislativa que tienen la misión de estructurar la ley, de todo un pueblo que sufre y de todas las organizaciones cívicas del país para que con su aporte voluntario pueda realizarse esta obra de construir escuelas correccionales, con equipos multidisciplinarios para poder adaptar al menor delincuente, reeducarlo, disciplinarlo, capacitarlo, y así, transformarlo en persona útil a sí misma y a la patria.
Si contamos el tiempo que se gastaría en reeducación, habituación a métodos disciplinarios de valores, a la capacitación de habilidades motoras en determinada especialidad profesional, invertiría unos 12 años en prisión y estaría preparándose para su futuro.
No quiero que nuestras leyes sean imitación de leyes de otros países. Panamá puede legalmente corregir y salvar esta juventud que anda por mal camino, porque es el futuro de la patria lo que está en juego.
La escuela correccional que les he comentado puede funcionar mediante la estructuración de leyes convenientes: con disposiciones, especificaciones e incentivos para que el reeducado que haya cumplido más del 50% de la condena, y pasado por una junta de evaluación disciplinaria (si esta considera que es capaz de formar parte de la sociedad sin impedimento) tendrá derecho a indulto por parte del Presidente de la República (que hace anualmente a la condena de los presos). Si ocurre la probabilidad de recaída del reeducado, al ingresar de nuevo en la institución correccional no tendrá derecho al indulto ni a incentivos, para concienciarlo de su conducta.
Señores legisladores: en sus manos queda el futuro de esta juventud. O los ignoran como han procedido anteriormente o, por el contrario, salen a rescatarlos como verdaderos “padres de la patria”.
La autora es profesora especializada en psicología
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