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Cartas del lector
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Por nuestra historia
El domingo pasado, la ciudad
de Panamá celebró un aniversario más de su fundación.
Para la fecha se realizaron algunas actividades en las Ruinas de Panamá la Vieja.
En el sitio, un letrero muy grande y llamativo advierte que hay que cuidar las
ruinas, porque son parte de nuestra historia. Sin embargo, es común observar,
en cualquier día y hora, que estas se usan para lo que no son: como parque de
diversión, como basurero, y para otras actividades ilícitas. Conservar nuestra
historia es responsabilidad de todos, ciudadanos y autoridades.
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No es una obligación
18 de agosto del 2004
Escribo esta nota, no como defensor de Estados Unidos, sino, defensor
de la verdad y de la realidad.
He estado leyendo La Prensa desde mucho tiempo
para empaparme de lo que pasa en mi tierra, ya que aunque no
vivo allá,
todavía me mantengo informado de sus altas y sus bajas.
En esta ocasión, escribo por la nota que se refiere a algunos
políticos y directores de entidades públicas a quienes
les quitaron la visa para viajar a Estados Unidos.
Quiero hacerles saber, que para conseguir
una visa, y en esta situación tan delicada en que nos encontramos en este punto
de la historia mundial, se requiere estar "limpio" de
corrupción.
Algunos reclaman por qué les quitaron las visas, y que
si Estados Unidos los está acusando de corruptos.
Siempre hay una razón de por qué no. El Gobierno
de Estados Unidos tiene el derecho a escoger quienes entran y quienes
no entran a su país. O sea, que no es un derecho de estos
políticos que le den la visa. Así que mejor es que
vayan y dejen de lloriquear, porque eso es lo que han estado haciendo,
como si ellos fueran ciudadanos americanos para exigirle a ese
Gobierno que los deje entrar.
A ver si se ocupan primero de Panamá, y hacer de nuestro
país un lugar mejor para vivir, y al mismo tiempo "empezar" de
una vez por todas a educar a todos los panameños que el "juega
vivo" no nos lleva a ninguna parte.
Miguel A. Magallón
Réplica
16 de agosto del 2004
Tengo a bien referirme a información publicada el lunes
16 de agosto del 2004 en el diario La Prensa relacionada con actividades
desarrolladas por ambientalistas en Chiriquí, titulada "Agradecen
paralización de camino Boquete-Cerro Punta" y que menciona
la participación del licenciado Gonzalo Menéndez
G., administrador general, encargado, de la Autoridad Nacional
del Ambiente (ANAM), en una misa de acción de gracias promovida
por miembros de diferentes grupos conservacionistas.
En el segundo párrafo se lee que "En el acto estuvo
presente Gonzalo Menéndez, administrador general de la Autoridad
Nacional del Ambiente (ANAM), a quien los conservacionistas agradecieron
la posición que asumió frente al citado proyecto."
El administrador general encargado de la ANAM,
Gonzalo Menéndez,
estuvo en la provincia de Chiriquí en una gira de trabajo
durante este fin de semana en el Parque Internacional La Amistad
y personalmente, coordinó algunas gestiones sobre la sede
administrativa de esa área protegida, pero nunca estuvo
presente en ningún acto o ceremonia religiosa con miembros
de algún grupo conservacionista de la provincia.
El licenciado Menéndez conversó telefónicamente
con el señor Ezequiel Miranda y se intercambiaron informaciones
sobre las actividades institucionales en la provincia, pero en
ningún momento concurrió a actividades con grupos
chiricanos relacionados con el proyecto del camino ecológico
Volcán Cerro Punta.
Hacemos esta aclaración con la finalidad de que sea corregida
la nota periodística firmada, pues contiene informaciones
que no se ajustan a la verdad.
Modesto A. Tuñón F.
‘La justicia de mi país’
18 de agosto del 2004
Leo en la página 6A de La Prensa del día 17 de agosto
del 2004 el título: "En la casa del jabonero" y
nuevamente revuelvo la mirada y siento espanto, porque esta noticia
no nos deja dudas de lo que dicen por ahí que en Panamá "la
justicia es una rosca".
¿Qué clase de funcionarios tenemos en este país?
Me percato cada día que en esta administración, que
gracias a Dios termina en pocos días, da privilegios, pero
para los allegados a la casa presidencial y al Ministerio Público,
pues curiosamente sus dependencias investigan lo que les conviene
y a quien les conviene.
El caso Dalvis Xiomara Sánchez, esposo e hijas, es un ejemplo
de que se investiga lo que le conviene, y los funcionarios públicos
de alta jerarquía ni siquiera son investigados por tener
dólares en sus refrigeradoras, a pesar de la barata excusa
de que no confían en la banca. Esto es una burla para el
pueblo.
Cómplices de esta situación son la PTJ, DIIP y SPI,
estos organismos de seguridad hacen todas las piruetas, ruidos
y golpes de cabeza, investigando casos y luego los fiscales concluyen
que no hay méritos para enjuiciar a nadie. Esa es la justicia
de mi país.
El nuevo gobierno ha prometido cero corrupción, además
ha dicho que no les pesará la mano para acabar con este
tipo de actos. Esperamos y confiamos en que se haga una limpieza
total del Organo Judicial y del Ministerio Público y de
todo el aparato gubernamental, para que no se diga que la justicia
en Panamá es cuestión de rosca.
Rodrigo Jaime Miranda Hernández
Bomba de tiempo
17 de agosto del 2004
La escaramuza entre indígenas wounaan y colonos provenientes
de El Valle de Tonosí, ocurrida el lunes pasado en Chimán,
es un síntoma claro de tres serios problemas sociales que
amenazan con convertirse en una crisis mayor si siguen desatendidos:
la migración masiva de campesinos hacia lugares nuevos,
la pobreza general de la población y la mala distribución
de la tierra. Es fácil ver que estos tres problemas están
interconectados: el primero resulta del segundo; y éste,
del tercero.
Los métodos de cultivo empleados tradicionalmente por los
campesinos de Azuero, es decir, el desmonte y la quema, no son
consistentes con los criterios ambientales que deben proteger las áreas
boscosas que subsisten hoy en día. Pero antes de prohibir
esta práctica hay primero que brindar a los campesinos una
alternativa para cubrir sus necesidades de subsistencia. Si la
demarcación de la comarca es parte del problema, sus límites
deben ser aclarados de inmediato de manera ecuánime, transparente
y definitiva.
Estos problemas no aparecen de la nada: se
fermentan durante meses de intolerancia e incomunicación. Si las autoridades habían
prometido escuchar a los indígenas y no lo hicieron, recae
en ellos parte de la responsabilidad. No es suficiente que el gobierno
investigue el tiroteo y llame a la cordura, es necesario mediar
entre las partes en conflicto. Para poder implementar soluciones
inmediatas y evitar mayor derramamiento de sangre, lo ocurrido
en Chimán debe ser analizado a profundidad hasta entender
sus causas. Muchas preguntas pueden ponderarse, pero las tres siguientes
son ineludibles: ¿Por qué los campesinos tonosieños
han dejado su valle para ir a establecerse en Chimán? ¿Por
qué se recurrió a las armas en vez de a la autoridad? ¿Por
qué la tierra (sin valor intrínseco, como decía
Buda) les resulta más valiosa que la vida misma? Las respuestas
serán las de siempre: la pobreza los hizo migrar, el hambre
los enfrentó a unos con otros y la desesperación
les llevó a las armas.
Ojalá la apatía del gobierno no sea, también
hoy, la de siempre.
Mientras una solución es encontrada, la Policía
debe mantener el orden en el área, pues la vida humana,
sea campesina o indígena, es más valiosa que una
parcela. Solamente la acción rápida y eficaz del
Gobierno podrá evitar que esta situación degenere
en una tragedia. El momento no pudo ser peor: en la transición
de poder del Presidente saliente al entrante, una especie de acefalía
virtual se apodera de la maquinaria gubernamental. Ruego a Dios
que la mezquindad de los intereses partidistas no interfieran con
la protección de estos grupos marginados que han sido llevados,
tras décadas de negligencia e injusticia, a alzarse en armas
por un pedazo de tierra.
Roberto Pérez-Franco
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