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Polémica por las alturas
La ciudad capital no soporta más edificios altos, porque
no cuenta con una ley que sea cónsona con el desarrollo
de estas obras
JULIO ALFARO
jalfaro@prensa.com
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| Desde marzo de este
año, el monto de los permisos de construcción ha bajado,
porque ningún inversionista puede arriesgarse a comenzar una obra que encierra
un edificio de 20, 30 ó 40 pisos. |
La aprobación en tercer debate del proyecto que regula
la altura de los edificios al ancho de las calles, conocido como
la “Ley de las Alturas”, reavivó la polémica
sobre lo que es más importante para Panamá en materia
urbanística. Y es que los promotores de vivienda tienen
una posición:
construir y desarrollar proyectos y edificaciones mantiene activo
un sector económico importante, por su aporte al Producto
Interno Bruto panameño.
Del otro lado están los urbanistas. Ellos consideran que
la ciudad capital no soporta más edificios altos, porque
no se cuenta con una ley que sea cónsona con el desarrollo
de este tipo de obras, ante el deterioro del entorno que rodea
tales proyectos.
¿Por qué la
pugna?
El 18 de febrero del 2004, la sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia avaló un pedido ciudadano
impidiendo la construcción de un edificio de apartamentos.
La decisión del alto tribunal se fundó en lo dispuesto
en la Ley 78, de 23 de junio de 1941, que reglamenta lo relacionado
a las urbanizaciones en el país.
A simple vista, el asunto parece intrascendente.
Sin embargo, el fallo de la Corte se basó en un aspecto importante de
la añeja norma, que advierte que “la altura admisible
de los edificios dependerá del ancho de la vía”.
La frase encierra un criterio técnico, hasta entonces inadvertido,
que tiró por tierra una resolución emitida por el
Ministerio de Vivienda (MIVI) en 1990. En ella se estableció que
el alto de los edificios era determinado “según densidad”,
es decir, que la cantidad de habitantes en un área de construcción
determinaba la altura de las edificaciones.
Esta posición de la Corte Suprema inició el
enfrentamiento.
Los promotores
El ingeniero Ricardo Carrillo considera que
el veredicto ha puesto un freno al desarrollo del país. Para el director ejecutivo
del Consejo Nacional de Promotores de Viviendas (CONVIVIENDA),
el sector construcción ha sido severamente afectado tras
producirse el fallo.
“Desde marzo de este año, el monto de los permisos
de construcción ha bajado considerablemente, y es que ningún
inversionista puede arriesgarse a comenzar una obra que encierra
un edificio de 20, 30 ó 40 pisos, a pesar de que el área
lo permite, de acuerdo a lo dispuesto en el MIVI”, explica
Carrillo.
Señala que el problema va más allá, por las
implicaciones laborales que tiene. “Un trabajador que repella
una pared en el piso 1 no es el mismo que lo hace en un piso 30.
El último es un tipo de mano de obra especializada más
cara; imagine usted que ese trabajador tiene ya cinco meses que
no trabaja, porque no se puede construir más allá de
los 12 pisos. El desempleo se ha incrementado y la situación
puede agudizarse aún más”, explicó.
Su propuesta es que se vete el proyecto adoptado
por la Asamblea y se establezca un proyecto que “ponga orden en la planificación
urbana del país”.
Los urbanistas
El arquitecto urbanista Alvaro Uribe estima
que la Ley 78 de 1941 es “un manual de buenas costumbres urbanísticas”.
Objetó su derogación, tal como se contemplaba en
un principio en el proyecto presentado por el Ministerio de Vivienda
ante la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la inclusión de un artículo transitorio,
a su juicio, salvó la situación. “Este artículo
señala que los municipios solo pueden entregar permisos
de construcción para aquellos edificios cuya altura proyectada
esté debidamente proporcionada con la infraestructura disponible
y el entorno urbano. Es una posición acertada, no creo que
se pueda ser más democrático que con un artículo
de esta naturaleza”, explica Uribe.
Hace dos advertencias que considera puntuales.
La primera: “tenemos
una ciudad que da cada vez más muestras de cansancio en
su entorno urbano”; la segunda: “no puede seguirse
complaciendo a quienes caprichosamente quieren construir por construir,
y meter las cosas por donde ya no caben”.
Su propuesta se funda en que se mantenga la
decisión de
los legisladores y que se trabaje en el desarrollo de un plan urbanístico
que evite un colapso y sea cónsono con la actualidad del
país.
La solución existe
El llamado Plan de Desarrollo Urbano de las áreas metropolitanas
del Pacífico y el Atlántico viene gestándose
desde 1996, con plena conciencia de la reversión al país
de las áreas canaleras, producto de los tratados Torrijos-Carter
de 1977. La idea original fue la posibilidad de incorporar el área
del Canal, sus recursos naturales e infraestructuras a las áreas
metropolitanas, lo que incluye una superficie urbanizable de cerca
de 13 mil hectáreas, un área equivalente al 26% del
actual cordón urbano.
El MIVI reconoce, en un documento que resume
el plan, que se han desarrollado áreas de construcción “bajo escasos
instrumentos de planificación”, estableciendo focos
inmobiliarios “fuertes y de inversión consolidada” en áreas
como Bella Vista, unidos a proyectos desarrollados fuera de ese
entorno, principalmente en Las Cumbres, San Miguelito, La Chorrera
y Sabanitas en Colón.
Advierte igualmente la gravedad del asunto. “De no adoptarse
medidas gubernamentales dirigidas a reorientar el patrón
actual y tendencial del crecimiento de las áreas metropolitanas,
el país tendrá en sus manos una situación
social, ambiental y económicamente insostenible”.
Los elementos que este plan de Desarrollo
propone como metas básicas
son, a juicio del MIVI, la solución del problema de estructura
urbana que tienen las provincias de Panamá y Colón,
principalmente, sus capitales.
Compromiso
El proyecto adoptado por la Asamblea el miércoles último
establece un compromiso. El MIVI tendrá dos meses para nombrar
una comisión consultiva, a la que entregará un documento
que sirva de base para la elaboración de una propuesta que
regule de manera integral la materia de desarrollo urbano en la
República de Panamá.
Esta comisión, nombrada por el propio MIVI, estará integrada
por funcionarios de la institución, expertos en desarrollo
urbano y funcionarios provenientes de instituciones públicas
y privadas relacionadas con el tema. Tendrá un plazo máximo
de seis meses, contados a partir de que el documento les sea entregado,
para trabajar, elaborar y entregar su propuesta.
La presidenta, Mireya Moscoso, estudia las
implicaciones del proyecto que le remitió la Asamblea tras su aprobación en
sesiones extraordinarias. El ministro saliente, Miguel Cárdenas,
ha pedido que se vete parcialmente, mientras que la ministra entrante,
Balbina Herrera, dice que solo avalará aquello que ha sido
acordado con los grupos en litigio.
En el centro, los urbanistas y los promotores de viviendas se
mantienen frente a frente.
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