Procuradora pide acción a la Corte
LINA VEGA ABAD
lvega@prensa.com
´"Este es un país de privilegios... cada grupo quiere el suyo". Así se pronunció la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, en declaraciones brindadas en relación al recurso de inconstitucionalidad -aún sin resolver- que presentara hace dos años contra al artículo 2 de la Ley N° 12 de 3 de enero de 1996, que sirvió de base para exonerar a Panamá Ports Company (PPC) del pago de 22.2 millones de dólares anuales y de la entrega al Estado panameño del 10% de sus ingresos brutos.
Frente a los rumores sobre una fallo de la Corte que declararía la nulidad de la resolución ministerial que otorgó la cuestionada exoneración, Montenegro de Fletcher hizo un llamado a sus colegas del sistema de administración de justicia para que no demoren más el fallo relativo al recurso de inconstitucionalidad.
"Recuerden que una justicia tardía no es justicia", concluyó la procuradora.
A principios de agosto se informó que el magistrado vicepresidente de la Corte, José Troyano, se declaró impedido de conocer de la mencionada demanda, alegando su vinculación - en calidad de viceministro de Comercio e Industrias en aquella época- al gobierno que gestionó la aprobación de la norma cuestionada.
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