Adiós
Mar del Sur
Guillermo A. Cochez
gcochez@cableonda.net
Hace unos días el futuro ministro de Salud, Dr. Camilo Alleyne, me preguntó sobre la Fundación Mar del Sur. Le tuve que recordar aquella vieja tonada italiana, tan popular en los años setenta y que llevaba por nombre Volare. Literalmente, la Fundación Mar del Sur simplemente voló. Recibieron 30, 40 ó 50 millones de la República China-Taiwan; nadie sabe si dicha fundación también recibió fondos de la República de Corea del Sur o de otras naciones.
A principios del gobierno de Mireya Moscoso, luego de la salida del doctor José Terán como ministro de Salud, el nuevo ministro del ramo, el neurólogo Fernando Gracia, asesorado no sé por qué abogado, decidió que las donaciones del Gobierno de China-Taiwan debían ir a una fundación, pero de interés privado; me imagino que para que nadie –como el impertinente de Cochez– pudiera saber lo que se hacía con las jugosas remesas que enviaban nuestros amigos de Taiwan.
Parte de esos dineros, que nunca se ha sabido cuánto finalmente fue, fueron utilizados en la construcción del Hospital José Domingo de Obaldía en David, el cual inaugurarán antes de salir la presidenta Moscoso, aunque nadie sabe a ciencia cierta cuándo podrá ser utilizado este hospital por sus beneficiarios. También fueron usados en el ala de maternidad del Santo Tomás y en unas remodelaciones del Hospital del Niño.
Comencé mis investigaciones sobre el asunto cuando me soplaron que se había pagado un sobreprecio en los terrenos adquiridos por la fundación para el hospital en David. Me negaron la información y tuve que presentar mi primer hábeas data. Adjunté a la Suprema Corte copia sencilla de la orden de la Contraloría (352-Leg de 24-enero-2003) indicando que tales fondos eran públicos ya que se trataba de donaciones de gobiernos extranjeros y, por lo tanto, estaban sujetos al escrutinio de la Contraloría. La Corte consideró que como le adjunté solo copia, ellos no podían fallar basados en copias, y me negaron el recurso. Logré que la Contraloría me absolviera una consulta (263-22-enero-2004) en donde se reiteró el criterio plasmado el año anterior, y autenticando la copia que la Suprema Corte no se había tomado la molestia de autenticar presenté un nuevo recurso que fue rechazado otra vez el pasado mes de julio con el salvamento de voto, nuevamente, del magistrado Adán Arnulfo Arjona.
Lo que ha pasado después es digno de un país como Uganda, en los tiempos de Idi Amín. Decidieron que la fundación debía ser cerrada porque no era “políticamente correcto” dejarle nada al nuevo gobierno. Se llevaron todos los enseres y vehículos de la fundación; desconozco en manos de quiénes están. Tiene varias demandas de profesionales que allí laboraban y, peor aún, quedaban 5 ó 6 millones que desconozco si desaparecerán después del 1 de septiembre próximo. Incluso pagaron extras al constructor por 1.5 millón de dólares, a pesar de que los inspectores de la obra, tanto internos como externos, objetaron la adenda presentada. Tuve informaciones que todos los documentos de la fundación fueron triturados para no dejar rastro de nada. Todo esto fue escrito el 18 de junio de 2004 en artículo de opinión en El Panamá América, antes de que la Corte fallara mi segundo recurso, y nadie hizo absolutamente nada.
La fundación de interés privado, y por lo tanto –según su director Carlos Ramírez y el presidente de la junta de síndicos (en donde hay seis funcionarios del Ministerio de Salud)– sujeta únicamente al Código de Comercio (increíble, pero cierto) no tiene por ello que rendirle cuentas a nadie. Argumento que la Corte Suprema, bajo la ponencia del magistrado Rogelio Fábrega Zarak, hizo suyo.
Como dije la última vez que traté este millonario tema, de los siete síndicos que han participado en la dirección de la fundación, solo dos tendrán excusa válida para no responder penalmente por lo que allí se encuentre después del 1 de septiembre: el doctor Alexis Pinzón y la doctora Amalia Rodríguez French, ya que ambos dejaron de asistir a las reuniones por no estar de acuerdo con la forma como se dirigía la entidad.
Nunca imaginé que Vasco Núñez de Balboa vería volar al Mar del Sur, convertido ahora en una especie de sociedad anónima de algunos funcionarios, pero provista de fondos de gobiernos extranjeros que desconocía que los querían ayudar a ellos. En una ocasión quise verme con el embajador chino de Taiwan y nunca pude lograrlo. Siempre pensé que esas ayudas debían de ser para todos los panameños, en tal caso los verdaderos accionistas de esa “fundación de interés privado” que sabrá Dios qué ágil abogado le recomendó a Fernando Gracia que era mejor así, para que nadie cuestionara el “manejo” de todos los millones que allí habrán llegado.
El autor es abogado
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