Justamente hoy, hace dos años, la ciudadanía se enteró de uno de los tantos escándalos inexplicados que nos ha legado la administración Moscoso: el de los “durodólares”. Empleados domésticos echaron mano de una de las bolsas escondidas donde laboraban y sacaron fajos de billetes, de los muchos que abundaban en la residencia. Los empleados fueron detenidos, investigados, juzgados y condenados por hurto. Pero, como muestra de esa justicia selectiva que ha caracterizado al Ministerio Publico panameño, jamás se investigó la procedencia del abundante efectivo que llenaba la casa de la patrona, nada menos que la directora administrativa de la Presidencia. “Había dinero por todas partes”, dijo uno de los condenados. ¿De dónde salió tanto efectivo? ¿Cómo justificaría esta funcionaria cantidades que sobrepasan con creces sus ingresos y los de su familia? Ocurrió lo que ya se ha vuelto costumbre en este país: ni el escándalo público ni el clamor ciudadano lograron conseguir que se investigara una situación que, en el mejor de los casos es sospechosa y en el peor de ellos, podría encubrir una macabra relación de corrupción en las más altas esferas del poder. A pesar de todos los indicios, del clamor de justicia, los responsables de investigar estos hechos guardaron cómplice silencio. La Prensa continuó investigando y presenta hoy el resultado de sus pesquisas. Allí están los hechos para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones.