Mano dura, una mentalidad medieval
Jamás imaginé que Panamá sufriría el horror de ver a un ministro y a un viceministro de Gobierno y Justicia abogar por un sistema aun más medieval que el que ya tenemos
Betty Brannan Jaén
laprensadc@aol.com
PANAMA, R.P. –Me horroriza la propuesta de instituir en Panamá la cadena perpetua y la pena capital, y me alarma el nivel de acogida que esto ha tenido en el público. Estoy estupefacta, además, por las declaraciones que los encargados del Ministerio de Gobierno de Justicia han brindado sobre el asunto.
No es que yo tenga alguna objeción filosófica a las penas duras en sí, sino que me parece elemental exigir que haya un sistema confiable de determinar la culpabilidad de las personas a quienes estas penas les serán aplicadas. Recientemente se ha descubierto que ni siquiera en Estados Unidos –un sistema que, con todas sus fallas, está mucho más avanzado que el panameño– puede aplicarse la pena capital con seguridad jurídica y moral; la tecnología de ADN ha comprobado un índice elevado de personas inocentes entre los condenados por delitos graves.
Si esa es la realidad en países avanzados, ¿que podemos decir del sistema panameño? Lo que se hace pasar por un sistema de justicia penal en nuestro país es una maraña absolutamente inoperante de conceptos obsoletos, procedimientos ineficientes y ausencia de debido proceso. Para los acusados sin recursos –quienes serían, seamos francos, los únicos perjudicados con estas penas draconianas– no hay debido proceso que valga si la sobrecarga en los defensores de oficio no permite la presentación de una defensa vigorosa. Es más, cuando he entrevistado a defensores de oficio, ellos me dicen que en Panamá la presunción de inocencia es un concepto totalmente ilusorio, porque la presunción de culpabilidad es lo que verdaderamente rige en el sistema de justicia penal nuestro.
Peor aun, yo veo que la ciudadanía ha pasado de esa presunción de culpabilidad a una sed de linchamiento. Las encuestas nos muestran que un 80% del pueblo respalda la “mano dura”, sin inquietarse en lo más mínimo por la incongruencia de aplicar esas penas en un país donde ese mismo porcentaje reconoce que “no hay justicia”. En otras palabras, la turba sabe –pero no le importa– que nuestro sistema de justicia es incapaz de distinguir entre culpables e inocentes; para la turba, la sed de linchamiento se ha hecho irresistible.
Es una escena digna de las viejas películas de cowboy que todos veíamos de niños. Recuérdenlo así: La pantalla en blanco y negro muestra una turba enardecida que reclama el linchamiento de algún pobre diablo que a primera vista parecía culpable, pero que en realidad no lo es; el público en el teatro sabe que una gran injusticia está a punto de cometerse y siente espanto por la irracionalidad fea de la turba. En la película, unos cuantos hombres pensantes tratan de hacer que la turba recapacite, pero la mentalidad de la turba es arrolladora.
Pero siempre, en estas películas, hay un sheriff que valientemente trata de defender al acusado del linchamiento que le espera. Aunque el viejo oeste era un lugar primitivo, las películas estadounidenses siempre muestran a un sheriff que comprende los principios básicos de justicia y se enfrenta a la turba en defensa de esos valores. Aquí en Panamá, por contraste, tenemos lo que mi colega Lina Vega Abad astutamente tildó como “el sheriff de la mano dura”. Se trata del ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, quien se jacta de liderar la voracidad de la turba, en vez de luchar contra ella. Otros países podrán tener un ministro de Gobierno y Justicia que vele por los derechos humanos y el buen funcionamiento de la justicia, pero solo en Panamá tenemos uno que ostenta decir públicamente que “no voy a perder un minuto en preocuparme por el hacinamiento carcelario …prefiero que Panamá renuncie a sus compromisos internacionales” (según lo citado en La Prensa, 24 de julio).
Y este “sheriff de la mano dura” tiene a su lado a un sub-sheriff que no se queda corto. Leo en La Prensa (21 de julio) que Alejando Pérez, viceministro de Gobierno y Justicia, tuvo a bien decir que “hay asesinos, violadores o narcotraficantes que hay que meterlos en una cárcel y botar la llave”. Reconozco esa frase porque yo misma la he usado. Desde 1990 he venido criticando que el sistema panameño de justicia consiste más o menos en el sistema medieval “de tirar los presos a los calabozos y botar la llave al mar”, pero jamás imaginé que Panamá sufriría el horror de ver a un ministro y a un viceministro de Gobierno y Justicia que hacen alarde de abogar por un sistema aun más medieval que el que ya tenemos.
La autora es corresponsal de La Prensa
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