Penas a menores, polémica que traspasa las fronteras
El proyecto que aumenta las penas a los menores tiene defensores y detractores
Julio alfaro
y Hermes Sucre
planas@prensa.com
Pese a cambiar solo dos artículos de la Ley 46 del 6 de junio de 2003, el proyecto que incrementa las penas a los menores infractores ha levantado una polémica
nacional e internacional.
Las implicaciones del documento han llevado hasta la misma Organización de Naciones Unidas (ONU) a pronunciarse contra la posibilidad de efectuar los cambios sugeridos, como parte del operativo "Mano Dura" ordenado por la presidenta Mireya Moscoso.
Lo medular
Más que la modificación en el artículo 121, lo que se establecería a partir del cambio en el artículo 141 es la base de la discusión.
El texto aprobado en primer debate el martes por la comisión legislativa de Derechos del Niño incorpora la posesión agravada de drogas y las lesiones personales dolosas gravísimas al conjunto de causales para la reclusión de un menor delincuente en un Centro de Cumplimiento.
Este artículo incrementa a 10 años como pena máxima de prisión en estos centros por la comisión de delitos como homicidio doloso, secuestro, tráfico ilícito de drogas y terrorismo.
Para los delitos de violación sexual tráfico de armas de fuego o de guerra y robo agravado, podrá imponerse pena con una duración máxima de siete años, mientras que para los delitos de lesiones personales con resultado de muerte y posesión agravada de drogas, podrá imponerse pena de hasta cinco años. En el caso de lesiones personales gravísimas, podrá imponerse pena hasta una duración de cuatro años.
Fiscal auxiliar contra la "Mano Dura"
El fiscal auxiliar de la República, Carlos Augusto Herrera, está en desacuerdo con la política de "Mano Dura", porque, según él, no hay que hablar de castigo, sino de rehabilitación. "Uno no puede someter al hombre. El hombre nació para decir la verdad, para obedecer, pero no nació para aceptar imposiciones", añadió.
Según el fiscal, lo primero que debe existir en una cárcel es una escuela, porque la educación transforma conductas. "Hay penas irrisorias que hay que aumentarlas; la vida de nosotros no puede costar de 5 a 12 años", admite Herrera.
El problema, añadió, es que las investigaciones que se hacen "son cuantitativas, en vez de ser cualitativas, etnográficas, sociológicas y científicas".
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