Autogestión escolar
El Estado entrega la escuela a la comunidad y es ésta la que debe responsabilizarse por preservar el bien inmueble y mantenerlo en condiciones idóneas para el adecuado uso por sus propios estudiantes
Aristides Royo
Con alguna frecuencia observamos cómo padres de familia, en respaldo o unión de los estudiantes, cierran durante varias horas vías importantes de circulación, bien sea las urbanas o carreteras principales del país. Tales cierres obedecen a desperfectos o averías producidas en las escuelas y duran hasta que aparecen los plomeros, albañiles, carpinteros o electricistas del Ministerio de Educación, e incluso hasta que comparezca quien ejerce el cargo de titular del ramo.
Todo esto se origina en un concepto que a mi entender es equivocado. Consiste en considerar que el ministerio no solamente nombra a los maestros, que como todos sabemos son varias decenas de miles, así como al personal administrativo y de limpieza, sino que también provee los edificios. Estos gastos deberían ser de por sí cargas suficientes para el Estado. No obstante, según criterio generalmente aceptado, también le corresponde al ministerio atender los casos de servicios sanitarios dañados (a veces por uso y abuso), fosas o tanques sépticos que se desbordan y las tuberías que se rompen u oxidan.
Cabe preguntarse si en verdad estos problemas debe solucionarlos el Ministerio de Educación. Si nos atuviésemos al principio de un Estado centralizado, la respuesta sería afirmativa. No obstante, da la casualidad de que hay diversas organizaciones de base que pueden, y deben, darle atención a estos problemas locales. El Estado entrega la escuela a la comunidad y es ésta la que debe responsabilizarse por preservar el bien inmueble y mantenerlo en condiciones idóneas para el adecuado uso por sus propios estudiantes. En consecuencia, la asociación de padres de familia, en primer lugar, así como la junta comunal con el representante de corregimiento a la cabeza, el legislador con su partida circuital, y el municipio, con un renglón en su presupuesto, son las entidades que deben intervenir para el buen funcionamiento de un edificio que, al fin y al cabo, beneficia y pertenece ante todo a la comunidad.
He leído memorias de ministros de Educación de principios de la era republicana, tales como Jeptha B. Duncan y Guillermo Andreve, en las que se puede uno percatar de que cuando el Gobierno construía una escuela, los humildes poblados de la época, agradecidos, se encargaban de instalar y mantener las aulas y los rudimentarios servicios sanitarios. El ministerio tan solo enviaba un técnico que instalaba las letrinas, que en ese entonces eran invento reciente y venían de Estados Unidos, pero eran los propios padres de familia quienes daban el mantenimiento. No puede ser que ahora, en los umbrales de este siglo XXI, sea el Estado el que de forma paternalista sustituya –por presión o amenazas– a quienes tienen la obligación de velar por un bien público, como son los miembros de la comunidad beneficiada por este.
El presidente Kennedy, en un famoso discurso, señalaba a los estadounidenses que no debían preguntarse qué podía hacer el país por ellos, sino más bien qué podían ellos hacer por su país. En un Estado como el de Panamá, en el cual el Gobierno sufre tantas carencias y necesidades que implican gastos imprescindibles, como son la salud y la educación, mal podría cualquier gobierno comprometerse a dar atención individualizada a las reparaciones de las escuelas. Por otra parte, y todo hay que decirlo, durante los veranos cuadrillas de empleados estatales visitan efectivamente los centros escolares de una gran parte del territorio. Los pintores, albañiles, carpinteros y plomeros, que dan la impresión de que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas, dejan las escuelas presentables, pero apenas transcurre un corto plazo de tiempo, quedan nuevamente en evidencia desperfectos y daños, muchas veces causados por estudiantes que no cuidan bien sus instalaciones. En consecuencia, hace falta más educación cívica con el fin de inculcar mayor respeto por los bienes inmuebles que son útiles al noble fin de la enseñanza, y se requiere por tanto de una cooperación más decidida de los estamentos organizados de cada comunidad, que es la que realmente obtiene beneficios directos de la educación de sus niños y jóvenes y, en consecuencia, es la primera que debe contribuir generosamente a la conservación de los templos del saber.
El autor es abogado y ex presidente de la República
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