Con el pecado y sin género: Jorge Eduardo Ritter
Jorge Eduardo Ritter
jritter@cwpanama.net
Una condecoración acaba de desatar en España una de las más descomunales tormentas políticas de los últimos años: el gobierno de José María Aznar contrató a una firma de cabildeo estadounidense para que le abriera algunas puertas en Estados Unidos y, además, consiguiera que el Congreso de ese país le otorgara al propio Aznar la medalla de oro, honor rara vez otorgado a un mandatario extranjero. Es cierto que muchos países –Panamá entre ellos– se valen de firmas especializadas para que defiendan sus intereses en los intrincados laberintos del Congreso estadounidense. Lo insólito es que se les hubiera pagado 2 millones de dólares para una serie de propósitos entre los cuales se incluía la obtención de la medalla. Los que han salido en defensa de Aznar argumentan que la contratación es normal, sus opositores –entre ellos el partido gobernante– sostienen que se trata de un acto que, por lo bajo, riñe con la ética, y en el peor de los casos constituye corrupción.
Todo ello pone de relieve esa figura tan ajena a nuestras instituciones como es la del lobby. Si en Panamá una empresa contrata a un individuo para que, a través de contactos e influencias, obtenga de la Asamblea Legislativa una determinada decisión, seguramente el acto sería calificado como corrupción (otra cosa es que después sea castigado). La institución misma del cabildeo es ajena a nosotros, quizá porque mucha gente cabildea bajo cuerda sin reconocer que lo hace. En Estados Unidos se hace abiertamente, con la obligación del cabildero de llevar registro de las conversaciones que sostiene y los temas que trata. En otras palabras, que los congresistas son objeto de influencias, pero que éstas tienen que registrarse. A los que nos formamos en otras culturas, nos resulta un tanto extraña la figura, entre otras razones porque hay cierto pudor de reconocer que se quiere influir sobre los legisladores y de éstos en admitir que son susceptibles a influencias de particulares (aunque la aclaración sobre, no me refiero a aquellos que admiten públicamente haber sido sobornados).
El hecho de que sea una práctica admitida no significa que sea buena. Ni el hecho de que nos parezca extraña implica que sea mala. De lo que sí no puede haber dudas es que contratar, con dineros del Estado, a un cabildero para que obtenga una distinción personal –las condecoraciones lo son salvo que explícitamente se les otorguen a instituciones– linda con el abuso. Los intereses del Estado son una cosa, y las distinciones personales otras. Es verdad que muchas veces las condecoraciones se otorgan en razón de los cargos, pero para eso no hace falta cabildeo: prácticas de protocolo se encargan de ellas. Nunca antes se había visto que un Estado contratara a una firma para que su Presidente fuera condecorado.
El escándalo que se ha armado pone de relieve, más allá de si constituye o no corrupción, cómo el poder puede llevar a los predios de la megalomanía a gobernantes exitosos, como ciertamente lo fue Aznar. A raíz de las revelaciones sobre el pago por la condecoración, ha vuelto al tapete el hecho de que si bien a Aznar se le concedió el privilegio de hablar en una sesión especial del Congreso de Estados Unidos, también lo es que, por la ausencia de congresistas hubo que completar el quórum con becarios y turistas. Las preguntas que surgen son: ¿A qué mayor honor se puede aspirar que al de haber sido elegido para gobernar su país (y además, en el caso de Aznar, haber sido reelegido por una amplia mayoría)? ¿Qué necesidad tenía de distraer fondos públicos –por próspera que fuera su nación– para obtener, de manera tan dudosa, una distinción personal?
Los honores para que valgan deben llegar solos. Tratar de obtenerlos con influencias o con dinero no solo los vicia sino que, en el caso de Aznar, terminan por empañar una gestión presidencial llena de ejecutorias y realizaciones. Y lo peor es que Aznar ha quedado con el pecado y sin el género: si bien los cabilderos lograron suficientes votos en la Cámara de Representantes, todavía no han conseguido que la propuesta sea llevada al Senado por uno de sus miembros –la medalla debe ser aprobada por ambas cámaras– y parece muy improbable que, a la luz del alboroto y con el Partido Popular fuera del gobierno, alguno se anime a hacerlo. ¡Qué equivocado estaba aquel político latinoamericano que proclamó que una condecoración y un cigarrillo no se le niegan a nadie!
El autor es ex canciller de la República
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