Bien ha hecho César Pereira Burgos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, al expresarle a la Asamblea Legislativa su preocupación, y la del organismo que representa, por algunos proyectos de reformas constitucionales que modifican normas existentes, y le otorgan a la Asamblea la facultad de solicitar informes verbales o escritos sobre materias que están bajo su consideración, desconociendo por completo el principio de la separación de los órganos del poder público y, particularmente, la independencia del Organo Judicial y del máximo organismo de administración de justicia en el país. El asunto es de extrema gravedad y requiere de claras manifestaciones en contrario del Colegio Nacional de Abogados y demás organizaciones gremiales, que reúnan a los abogados, los ciudadanos en general y los defensores del estado de derecho. Es inverosímil que a estas alturas de la historia, se pretenda desconocer por completo la separación de los poderes, que es la esencia misma del sistema presidencial de gobierno. Así deben entenderlo también todas las instituciones defensoras de los derechos humanos, porque sin independencia judicial no hay límites al ejercicio del poder ni respeto a la democracia, al derecho y a la libertad.