Tras las declaraciones de la embajadora Linda Watt, de que la corrupción está carcomiendo los cimientos de la República, todo indica que el problema no es consecuencia de la acción aislada de algunos funcionarios, sino un fenómeno de características estructurales cuya erradicación requiere de respuestas mucho más profundas que las que se han ofrecido hasta el momento. En los últimos años, la comunidad ha sido sorprendida por casos comprobados de corrupción y denuncias por pago de coimas y compra de votos a legisladores. Estos hechos revisten una gravedad especial por dos razones: primero, porque los legisladores tienen que ser personas responsables y honestas, con moral y civismo para levantarse la inmunidad cuando las circunstancias lo apremian. Ni siquiera al final del período legislativo les tembló la mano para darle un voto a la impunidad. Segundo, muchos de los protagonistas de los hechos de corrupción forman parte de las cúpulas de los partidos y están nombrados dentro de la administración pública. Esto último contribuye a reforzar la idea de que hay redes de corrupción que debilitan los controles e impiden las sanciones. Las autoridades tienen, por lo tanto, la obligación y la oportunidad de demostrar a la ciudadanía que no admiten ni protegen actos deshonestos, y que los lazos partidarios o personales no se antepondrán al cumplimiento de la ley y al resguardo de los derechos de los ciudadanos. ¿Hasta cuándo nos hacemos de oídos sordos?