Abogados que dilaten los procesos serán sancionados
JOSE OTERO
jotero@prensa.com
Los jueces y magistrados aplicarán multas hasta de mil dólares a los abogados que dilaten injustificadamente los procesos penales, según instrucciones directas del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos.
Mediante una circular emitida ayer, la más alta autoridad del Organo Judicial recuerda a los magistrados y jueces que el artículo 216 del Código Judicial califica como una falta grave a la ética profesional del abogado, la práctica de dilatar injustificada o amañadamente las diligencias propias de los procesos judiciales en los que actúa.
De igual forma se hace referencia al numeral 18 del artículo 199 del referido Código que faculta a los jueces y magistrados para que sancionen con multa de 100 hasta mil dólares a los apoderados judiciales que no actúen con lealtad y probidad durante los procesos.
La circular también destaca los artículos 2222 y 2228 reformados por la Ley N°. 23 de 2001 en donde se establece que solo se deberá fijar una sola fecha alterna para aquellas audiencias ordinarias en donde el defensor deje de comparecer.
Otro aspecto legal que se ordenó que se aplique es el artículo 2268, el cual especifica que en todo caso solo será permitida una posposición de la audiencia, aun si se trata de varios imputados y que el defensor que deje de asistir sin causa plenamente justificada será sancionado con multas de entre 25 a 100 dólares.
Carlos Cuestas, secretario de la Corte, dijo que lo que se busca es minimizar la cantidad de audiencias que se suspenden por recursos, muchas veces injustificados, por parte de los abogados.
El abogado penalista y ex procurador de la Nación Rogelio Cruz dijo al respecto que todo lo estipulado en esta circular se encuentra contemplado dentro de la ley y, por lo tanto, es correcto que se aplique y que se acate.
Sin embargo, señaló que existen otras razones que provocan las suspensiones de los juicios y no son responsabilidad de los abogados y esto no se sanciona.
Señaló como ejemplo la falta de transporte de la policía para trasladar a los presos, los problemas para notificar a los detenidos y ausencia de fiscales o jueces en los procesos.
Según estadísticas del Organo Judicial, entre 2002 y 2003, unas 400 audiencias fueron pospuestas por recursos interpuestos por los abogados.
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