Patria nueva a la medida del PRD
Una reforma constitucional es algo muy serio y delicado, y por lo tanto no debe discutirse a tambor batiente y mucho menos hacerse a la medida de un interés político en particular
Adolfo E. Linares Franco
Reconozco la imperiosa necesidad jurídica de una nueva Constitución para poder cumplir con el clamor ciudadano de contar con una Carta Fundamental moderna, participativa, democrática y que a la vez sea el fiel reflejo del clamor de las mayorías nacionales y no de un grupo en particular. Desde hace varios años la sociedad civil organizada, el Comité Ecuménico y algunos partidos políticos han venido abogando por la instalación de una constituyente paralela con el único propósito de dotar al país de un nuevo orden constitucional. Durante las pasadas elecciones todos los candidatos a la Presidencia de la República, incluyendo el ese entonces candidato Martín Torrijos Espino, se adhirieron a la iniciativa promovida por el padre Néstor Jaén, y firmaron el documento respectivo, de convocar a una Asamblea Constituyente paralela pasadas las elecciones de mayo del 2004. Contradictoriamente y ahora como Presidente electo, Martín Torrijos nos propone unas reformas a la Constitución por la vía de las dos asambleas legislativas. Hago esta breve introducción con la esperanza de que este repentino cambio de posición con relación a lo prometido como candidato y a lo propuesto como Presidente electo, en un tema de tanta envergadura, no sea el preludio de la valoración que le dará el presidente electo, Torrijos, a sus compromisos electorales.
Entrando en el tema de las reformas en general, considero que estas, si bien es cierto tienen ciertas cosas positivas, de aprobarse como están resultan un peligro para la participación democrática y el pluralismo político del país, ya que pareciera que el objetivo oculto y principal de ellas es que el partido mayoritario en la próxima Asamblea, o sea el PRD, estructure y diseñe -a su imagen y semejanza- la organización y estructuración política del país en detrimento de las grandes mayorías nacionales representadas en los otros partidos políticos y en la sociedad civil, y además se tome por asalto el tercer órgano del Estado que es la Corte Suprema de Justicia. Y veamos por qué.
La propuesta de reforma al Artículo 141 que habla sobre la composición de la Asamblea Legislativa, si bien es cierto reduce el número de legisladores a 67, y elimina la posibilidad de que este número aumente, lo cierto es que también elimina el sistema de representación de las minorías, actualmente establecido en este mismo artículo, y deja al criterio de la próxima Asamblea, donde el PRD tiene más del 50% de los legisladores, el establecimiento y conformación de los circuitos electorales. En otras palabras, la creación y conformación de los circuitos electorales quedará a la libre discreción y antojo del PRD, lo que les podría permitir hacer una división política a su imagen y semejanza, acorde con sus intereses políticos electorales y en detrimento de los partidos minoritarios y de los candidatos independientes. Es más, me atrevo a afirmar que de suceder lo anterior sería muy posible que el PRD pueda llevarse el 100% de los legisladores en la próxima elección. Esto sería nefasto para nuestra democracia y sumamente peligroso para la convivencia política de nuestro país. Considero que la división política electoral debe quedar establecida, tal cual como ocurre hoy, en la propia Constitución y debe ser producto del consenso de todos los actores políticos de la sociedad y no quedar al arbitrio de un solo grupo o partido, como pareciera ser la intención oculta, y verdadero objetivo de esta reforma, del PRD. En lo personal me inclino a la creación de circuitos electorales provinciales y comarcales, lo que le daría una visión más macro al legislador y le quitaría ese carácter tan regionalista y clientelista que tiene esta figura actualmente.
Otro tema muy peligroso, por no decir sospechoso, es el hecho de que en esta reforma se establezca que sea la ley la que determine cuántos magistrados compondrán cada una de las tres Salas de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente la Constitución establece que cada Sala tendrá tres magistrados. Al establecer que será la ley la que determine cuántos magistrados habrá en cada Sala, automáticamente se abre la posibilidad de que el Presidente electo, quien actualmente solo podría nombrar durante su período a cuatro de los nueve magistrados, pudiera estar en capacidad de nombrar por lo menos a siete magistrados. Uno adicional a los tres que hay en cada una de las tres Salas actuales.
Y por último tenemos, como una gran ironía, que el candidato cuyo eslogan de campaña fue "cero corrupción", está proponiendo ahora como Presidente electo eliminar el control previo de la Contraloría General de la República. De más está decir que de eliminarse, afectaría notablemente la función del contralor de fiscalizar, regular y controlar los actos de manejo de fondos públicos y otros bienes nacionales, tal como ya lo han expresado los ex contralores Chen Barría, Castro y Carles, y el actual contralor de la República.
Una reforma constitucional es algo muy serio y delicado, y por lo tanto no debe discutirse a tambor batiente y mucho menos hacerse a la medida de un interés político en particular. Mucho me temo que, por las razones arriba expuestas, el PRD con el "caramelito" de la Constituyente Paralela, las candidaturas independientes y otros "señuelos" más que tiene el proyecto de reforma, está orquestando el diseñar una Constitución a su medida. Este es el verdadero propósito oculto de esta reforma.
El autor es abogado
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