El control previo
Los panameños debemos hallar un mejor método que permita la prevención de la corrupción
Carlos E. González R.
Uno de los grandes dilemas en el que siempre nos encontramos los panameños es cómo balancear la necesidad de salvaguardar los activos del Estado frente a la corrupción, versus la eficiencia administrativa que necesitamos de la administración pública. En estos términos debería plantearse la discusión de la reforma constitucional y no solo en un lado de la ecuación, el de la corrupción.
Este dilema no solo lo encontramos a nivel público. De hecho, es uno de los problemas de la eficiencia de nuestro sector privado. Así, y en razón de la desconfianza que le tenemos a la efectividad de nuestras instituciones judiciales, el crédito tiende a ser rígido y con garantías previas. O, para ponerlo de manera jocosa, el día que a un dueño de restaurante chino le roban las salsas chinas de las mesas, ese día las quita todas para que no se las vuelvan a robar, aunque con ello se desmejore su servicio.
Volviendo al sector público, la tesis de la prevención ha sido la que hemos preferido los panameños en los años de restauración democrática. En este sentido, casi todos los controladores generales de la democracia han practicado ávidamente el control previo. No cabe duda de que dicha actuación ha prevenido algunas corruptelas y abusos por parte de funcionarios, pero también es indudable que no detuvo la corrupción. Y es que el problema de la corrupción en Panamá tiene mucho más que ver con la efectividad de nuestras instituciones judiciales y fiscalizadoras que con el control previo.
Lo que es peor, como hemos visto en las actuaciones recientes de algunos funcionarios, dichos controles son generalmente establecidos de manera selectiva. Mientras que se hacen de la vista gorda en obvios abusos de los recursos públicos harto conocidos, paralelamente se ha aplicado el control previo tanto para impedir que se lleven adelante gastos en políticas que no cuentan con el respaldo del contralor de turno, como para investigar a funcionarios que no parecen ser de su agrado.
Al tener este poder tan amplio el contralor se convierte de hecho en un co-gobernante, desfigurando completamente su función y la eficiencia del gobierno. Y más aún, este poder abre la puerta a otro tipo de corrupción, la del propio contralor, el cual podría solicitar prebendas a cambio de su firma (recordemos que la corrupción no es solo obtener beneficios monetarios, lo es también obtener otro tipo de beneficios personales o familiares, tanto del sector público como del privado). A pesar de esto, muchos panameños piensan que es mejor este sistema que permitir que se den asaltos desaforados al erario público, tal como vemos continuamente en algunos países centroamericanos.
En realidad, una administración pública moderna, indispensable para convertirnos en un país desarrollado, no puede darse con este método. Los panameños debemos encontrar un mejor método que permita la prevención de la corrupción, como la transparencia en todas las compras y actuaciones de la administración pública. Es indispensable que Panamá supere estos atavismos y tome riesgos. Porque no hay duda de que la eliminación del control previo significa tomar riesgos. Tal vez nos encontremos con robos a las arcas del Estado que antes no se daban (si no hay transparencia), pero esos casos no serán en toda la administración pública, lo que permitirá que el resto funcione más apropiadamente. Los casos de corrupción que se den, deberán ser enfrentados con fuerza por toda la sociedad en general y por el Organo Judicial, en particular.
Pero, por otro lado, también para lograr un país desarrollado necesitamos una fiscalización eficiente, y una justicia ciega al perseguir los delitos y equitativa a la hora de aplicar la ley. Esto no se da en Panamá y es la parte que solo se generará con una dirigencia comprometida con ese objetivo para solucionar la deslegitimación de la justicia.
Este problema, el de la administración de justicia, debemos atacarlo con criterios amplios y desprendimiento todos los panameños en el debate constitucional que se ha abierto. Si no lo logramos en esta oportunidad o pronto, será no solo difícil superar el atavismo del control previo y otros similares, sino que seguiremos irremediablemente en el subdesarrollo.
El autor es abogado
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