Las reformas de la desesperanza
La sabiduría popular, que se sintetiza en el viejo adagio "hecha la ley, hecha la trampa", nos enseña que para el que tiene la intención de portarse mal no hay obstáculos insalvables
Juan David Morgan
jdmor@morimor.com
La crítica fundamental que merecen las reformas propuestas por el Presidente electo y aceptadas en principio por el gobierno saliente es la de que, lamentablemente, son una consecuencia del pesimismo del panameño. El fracaso generalizado de la clase política ha provocado en nuestra sociedad una actitud negativa hacia el futuro y la presunción de que todo lo que hacen los gobernantes está motivado no por deseos de servir al pueblo que los eligió, sino por el afán de aprovecharse de la oportunidad que se les presenta como detentadores temporales del poder para enriquecerse, favorecer a sus copartidarios y evitar cualquier sanción consiguiente en caso de que violen la ley que juraron cumplir. Y así, la Constitución Nacional, más que consagrar los principios fundamentales que rigen el pacto social entre los panameños, estableciendo frenos y contrapesos que garanticen la separación de los poderes y la institucionalización de la democracia, se va convirtiendo en un moderno Código de Hamurabi, cuyo propósito principal será el de asegurar que, desde el Presidente para abajo, los funcionarios no incurran en tradicionales abusos y actos de corrupción. ¡Qué tristeza! Que nuestra actividad política, nuestra energía ciudadana esté destinada a evitar que la nación se nos convierta en otra Sodoma y Gomorra, en lugar de orientarse provechosamente hacia la solución de los múltiples problemas que nos aquejan para convertir a Panamá en el país próspero que podría ser.
Se explica así que uno de los temas de las reformas propuestas que más discusión suscita es el de la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las pasadas experiencias hacen presumir de antemano, que el Organo Ejecutivo no designará a quienes realmente reúnan los méritos y cualidades que les permitan aspirar al más alto cargo de la judicatura, sino a quienes, por amistad o afiliación política, le garanticen el control sobre las decisiones que de ellos emanen. La lógica exige, entonces, la necesidad de crear todo tipo de condiciones y de trabas para obligar al gobernante a actuar bien. Sin embargo, la sabiduría popular, que se sintetiza en el viejo adagio "hecha la ley, hecha la trampa", nos enseña que para el que tiene la intención de portarse mal no hay obstáculos insalvables. Y si el presidente y sus ministros insisten en nombrar malos magistrados, así lo harán, y no habrá procedimiento o mayoría en el Organo Legislativo que se los impida. Tal vez lo que sí puede aumentar será el costo, político o monetario, de la ratificación. Tan convencidos estamos de las malas intenciones de los gobernantes, que algunos críticos de la propuesta presentada por el Presidente electo, sin tomarse siquiera el trabajo de leer lo que actualmente establece la Carta Magna, han llegado de inmediato a la conclusión de que lo que la reforma persigue en su oculto fondo es aumentar el número de magistrados para que el nuevo mandatario pueda nombrar tantos como se requieran para controlar la Corte.
Otro tema que trae preocupada a mucha gente es el que guarda relación con el control que ejerce la Contraloría sobre los desembolsos del Estado. Lo que se debate es si ese control debe ser previo o posterior al gasto, pero la bizantina discusión no gira en torno a cuál método sería más cónsono con la finalidad de lograr una sana política fiscal, sino cuál de los dos sistemas permitiría menos corrupción. Porque la presunción, jure et de jure, es que todos los que pasan a ocupar cargos públicos, o ya son corruptos o se corrompen después.
Inicialmente, quise dedicar el grueso de este artículo a analizar el contrasentido y la barbaridad jurídica y política que significaría la incorporación de una constituyente "paralela" -que es lo mismo que decir una Constituyente "no soberana", pero el eufemismo suena mejor al oído de los incautos- como método de reformar la Constitución. Creo, sin embargo, que más inmediato e importante, por ahora, es destacar el gran error que, en opinión de quien esto escribe, está cometiendo el Presidente electo al dejarse arrastrar por la vorágine de la desesperanza que ha hecho presa de la sociedad panameña. Parece olvidar que casi la mitad de los panameños ha expresado en las recientes elecciones que, no obstante el pasado del partido que lo llevó al poder, depositó su fe en el joven político que eligió para conducir el país hacia un mejor futuro en el próximo quinquenio. Seguro estoy de que si se dedica a escoger a los más idóneos y a gobernar con honestidad, teniendo como única meta el bienestar y desarrollo del país, al cabo de un breve lapso las reformas constitucionales, como fruto del pesimismo, habrán perdido importancia en la agenda de aquellos panameños que aún albergan esperanzas de un mejor futuro.
El autor es abogado y escritor
Además en opinión
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Las reformas de la desesperanza: Juan David Morgan
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El control previo: Carlos E. González R.
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Patria nueva a la medida del PRD: Adolfo E. Linares Franco
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