Del lector
Interrupción constante
Vivo en Villa Lucre desde hace cinco años y para nosotros la interrupción del servicio eléctrico es constante, de una forma muy particular: se corta por segundos y regresa, lo que ocasiona daños en los electrodomésticos.
Por otra parte, en esta casa cambiamos hace meses todos los bombillos a focos que consumen menos energía o sea, de luz blanca; compramos un refrigerador que ahorra energía y efectivamente la cuenta bajó. ¿Qué hizo Elektra?, nos envió inspectores a revisar las conexiones y el medidor.
Manuel Castillo
Servicios caros
Los servicios públicos, tales como telefonía y energía eléctrica, son extremadamente caros en nuestro país. Son necesarios y casi imprescindibles, pero carísimos.
Roberto Cedeño
Presión del agua
El servicio de agua es pésimo no hay presión y los fines de semana hay que dejar de bañarse en Tocumen.
Tyrone R. Rigby
Sin agua en Guararé
Resido en la Calle Carlos García en Guararé y desde que inició el verano tenemos problemas con el agua todos los días. Tanto es así que todavía tenemos que recolectar agua en la noche para el día siguiente.
Sobre el consumidor
 En Panamá la legislación que protege al consumidor y la libre competencia requiere de cambios.
Se trata de la Ley No. 29 de 1996 que creó la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC).
La CLICAC, a lo largo de su existencia, se ha pronunciado sobre posibles concentraciones, ha realizado varias investigaciones y ha interpuesto varias demandas por prácticas monopolísticas contra diferentes empresas o grupos económicos ante los tribunales de justicia.
Es justo reconocer que la promulgación de la Ley 29 y la creación de la CLICAC resultó un avance en la dirección correcta.
Sin embargo, la Ley 29 tiene grandes vacíos e inconsistencias, de los que se derivan graves problemas en lo que a protección al consumidor se refiere.
Uno de los cambios es la separación de los temas. La experiencia nacional e internacional señala lo inconveniente que resulta que una misma institución se encargue de velar por la libre competencia y por la protección al consumidor.
Por esta razón, debe crearse una entidad encargada exclusivamente de la educación, promoción y defensa de los derechos de los consumidores, propuesta avalada por las conclusiones emanadas de innumerables foros, por los pronunciamientos de reconocidos estudiosos y especialistas en el tema de consumo y por la experiencia acumulada de la gestión de CLICAC.
La realidad en Panamá impone la creación de una entidad pública, descentralizada del Estado, con personería jurídica propia y autonomía en su régimen interno.
La entidad de protección al consumidor que se propone debe contar con jurisdicción coactiva.
La experiencia en nuestro país nos dice que de nada sirven las leyes si no existe la forma de hacerlas cumplir, y se convierten en letra muerta.
Se le debe brindar al consumidor la seguridad de que si al realizar un acto de consumo le han sido violados sus derechos, sus reclamaciones serán pronta y justamente atendidas.
En Panamá, si un consumidor ve vulnerado sus derechos, y el proveedor no lo reconoce, tiene como alternativas acudir a un proceso de conciliación o a la muy costosa vía judicial.
Cuando revisamos el valor del bien o servicio que motiva la queja y los recursos con los que cuenta el consumidor de a pie para llevar su caso ante los tribunales, entenderemos la razón por la que los consumidores se sienten defraudados.
La creación de Tribunales Arbitrales de Consumo resultan una alternativa a la resolución judicial de los conflictos entre empresas y consumidores.
En Europa y en Latinoamérica existe mucha experiencia interesante al respecto.
Estos tribunales deben caracterizarse por procesos simples, expeditos, gratuitos, neutrales, equilibrados y efectivos (sus decisiones deben ser de carácter ejecutivo y vinculante), contribuyendo a resolver problemas que aquejan a los consumidores.
Para que estas propuestas se conviertan en una realidad, es necesario que la ciudadanía actúe organizadamente, dejando escuchar su voz. Por otro lado, es indispensable que los legisladores trabajen para mejorar la calidad de vida de los panameños.
Moira Reyes
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