La corrupción rampante que brota desde las entrañas de los poderes fácticos del país causa la pérdida de confianza en las instituciones; produce un distanciamiento entre la sociedad y las leyes; estimula conductas que riñen con los valores cívicos y morales, y genera condiciones propicias para el oportunismo político y el autoritarismo. Además, tal como lo señala la embajadora de EU en Panamá, causa pobreza, miseria y hambre. Esta realidad sólo puede cambiarse si tanto los gobernantes como el resto de la comunidad encuentran una forma de esclarecer los actos bochornosos que han afectado el inventario moral de la Patria. La presidenta Moscoso, a pesar de las promesas de campaña y de mantener un dialecto ininteligible con el resto de los ciudadanos, poco ha hecho para impulsar las investigaciones por actos de corrupción. Tampoco los organismos encargados de investigar estos casos han cumplido con sus deberes específicos. Es evidente que si existe un ambiente de impunidad generalizada, el resto del fuselaje institucional debe estar carcomido por dentro. Pero mucho peor es no hacer algo, sin ofrecer respuestas aceptables a la población que se siente burlada y frustrada. La sociedad espera, en definitiva, que el juego entre gobierno y oposición sea lo que debe ser: un instrumento adecuado para fortalecer la democracia y para mejorar las oportunidades de los ciudadanos y no para crear un terreno fértil en el que los corruptos florezcan y la pobreza permanezca.