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Cartas del lector
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Son necesarios
El
tema de los hidrantes dañados es obligatorio, pues en caso
de incendio tener uno de ellos en buen estado permite incluso
salvar vidas. Por ello la insistencia. El que está ubicado
en la Calle 26 de El Chorrillo, a unos metros de una estación
de combustible, no funciona. Y allí es doblemente importante
que sirva, para beneficio de los vecinos del lugar. |
Lo correcto es ‘diputado’
24 de junio del 2004
En relación con el último párrafo de la nota en
referencia, publicada en La Prensa el jueves 24 de junio
de 2004, aclaro que de acuerdo con el régimen establecido por la
Constitución de 1904, los integrantes de la Asamblea Nacional se
denominaban "diputados", no "legisladores".
"Diputado" es, por cierto, el nombre adecuado para
designar, en el idioma español, a los integrantes de una auténtica
asamblea representativa.
"Diputado" es el que ejerce la función representativa
de la sociedad, que en el sistema democrático comprende no solo
la redacción y aprobación de leyes, sino la fiscalización de la
función pública, la selección de personal idóneo para ejercer ciertos
cargos públicos, la búsqueda de consensos y la solución de controversias.
La palabra "legislador", denominación que recibieron
durante la dictadura militar los integrantes de la Asamblea Legislativa,
tiene una connotación mucho más restringida, circunscrita a la
acción de aprobar leyes. La denominación de "legislador" responde
precisamente a la intención de los militares de reducir las funciones
de la cámara deliberativa a su mínima expresión, de conformidad
con el sistema autoritario de gobierno que ellos ejercían y pretendían
seguir ejerciendo a perpetuidad.
Un cambio que busque la democratización de las
estructuras constitucionales del Estado panameño asignaría el nombre
de "diputados" a los integrantes del poder legislativo y le devolvería
a la cámara que ejerce dicho poder, el nombre de Asamblea Nacional,
representativo de la función amplia y sustantiva que a dicha cámara
le corresponde ejercer en el régimen democrático.
Sobre el particular, conviene revisar las siguientes
obras del profesor César Quintero: Derecho constitucional Vol.
I. San José: A. Lehmann, 1967.
Evolución constitucional de Panamá. Segunda
edición (por el autor). Panamá, 1989.
Carlos Guevara Mann, PhD.
Otro punto de vista
3 de junio del 2004
En relación a la réplica publicada el 3 de junio
en La Prensa , suscrita por un distinguido miembro de
la Corte Suprema de Justicia, pareciera conveniente destacar algunas
situaciones de procedimiento contempladas en el Código Judicial
en los procesos penales contra el presidente de la República y
magistrados de la Corte Suprema, cuya competencia está adjudicada
a la Asamblea Legislativa.
En primer lugar, es cierto que el Ministerio Público
interviene en tales procesos, pues el Artículo 2482 dispone el
traslado de la denuncia o querella al procurador general de la
Nación, para que informe sobre el mérito de ella y allí termina
casi que de soslayo dicha situación, que en ninguna forma cumple
con las atribuciones que la Constitución Nacional en su Artículo
217 exige al Ministerio Público. El Artículo 2482 del aludido Código
también dispone que conocida la opinión del procurador general
y antes de su calificación, el pleno legislativo designará de su
seno un legislador para que actúe en el juicio como fiscal cuando
exista enjuiciamiento, determinado asimismo que si se procede por
querella, el querellante podrá actuar en juicio como coadyuvante
del fiscal legislador.
En segundo lugar, en este tipo de procedimientos
si el querellante o el denunciante no presenta la prueba del hecho,
la querella o denuncia no será admitida.
Cabría entonces determinar cómo se pudiera iniciar
una acción por enriquecimiento ilícito atribuible al presidente
de la República o a los magistrados de la Corte Suprema si los
artículos de la Ley 59 de 1999 demandados como inconstitucionales
no lo son y de acuerdo al salvamento de voto del magistrado Adán
Arjona, la decisión mayoritaria al considerar la competencia para
investigar a dichos altos funcionarios "desliza una consideración,
en mi concepto, impropia y contraria a derecho".
Como es obvio, en este tipo de investigación muy
particular, la prueba del hecho no la puede producir el ciudadano
común por no tener a su disposición los elementos de juicio necesarios
y si el organismo facultativo por ley está impedido a producirla
por interpretación judicial, pareciera entonces que este supuesto
fáctico nunca se pudiera materializar.
Santander Casís S.
Abogado
Réplica
22 de junio del 2004
Me refiero al contenido de la noticia aparecida
en su edición del día 22 junio de 2004, titulada: "El corre corre
del World Gate". Al respecto me permito informar a ustedes lo siguiente:
1.- Es cierto que la Autoridad de la Región Interoceánica
(ARI) ha llevado adelante negociaciones con MBB Corporación Inmobiliaria
S.A. a fin de dar en concesión las parcelas 12 y 13 de Amador para
el desarrollo de un proyecto turístico.
2.- El contrato con MBB se suscribió el 16 de diciembre
de 2003 y para poder continuar con los trámites de refrendo ante
la Contraloría, se requería que MBB presentara además de la carta
de garantía bancaria, las finanzas de cumplimiento del Contrato
de Arrendamiento y de Cumplimiento de la Inversión. Sin esta documentación
el contrato no podía ser enviado a Contraloría.
3.- A pesar de numerosas gestiones de parte de
la ARI, la empresa MBB no cumplió su compromiso de entregar la
carta bancaria y las finanzas, por lo que el contrato no se envió nunca
a la Contraloría para su refrendo. En tal sentido, no es exacta
la afirmación hecha en el texto de la noticia que publicaron, cuando
señala que "la ARI entregó los documentos requeridos para el refrendo
el 1 de junio pasado".
4.- Mal puede la Contraloría General de la República
refrendar un contrato que no ha sido enviado y menos puede la ARI
enviarlo para refrendo sin que se hayan llenado, por parte de los
inversionistas, los compromisos bancarios y la fianza que deben
acompañar al contrato, y que son requisitos indispensables para
proceder a su refrendo.
Con estos antecedentes sería muy importante nos
hicieran saber quién en la ARI suministró la información a la que
se refiere esta noticia, ya que pudiera ser que se esté utilizando
el nombre de funcionarios de nuestra institución para sorprender
la buena fe de su distinguido periódico.
Alfredo Arias Grimaldo
Administrador de la ARI
Debió decir
19 de junio del 2004
En la primera plana de La Prensa del jueves
17 de junio del 2004, se lee el titular: "Escuelas se quedan vacías". "Más
de medio millón de estudiantes perdieron sus clases ayer debido
a la marcha".
Este titular, honestamente, debió decir: "... Más
de medio millón de estudiantes perdieron sus clases ayer debido
a que los educadores no quieren seguir trabajando sin remuneración".
Salvo que el empleo corra peligro, el primer deber
del periodista es la lealtad a sus lectores. Al menos eso es lo
que se enseña en las escuelas de periodismo.
Los padres de familia debieron unirse masivamente
a la marcha; es lo menos que podían hacer. Y es muy censurable
que permanezcan indiferentes viendo lo que ocurre, y permitan que
los docentes no estén recibiendo pago por las clases que imparten
a sus hijos.
Los educadores son los mal pagados soldados de
la civilización en perenne guerra contra el analfabetismo, y a
pesar de las precarias condiciones de subsistencia por las que
están pasando, no han abandonado a sus alumnos.
El gobierno nacional debería poner atención a las
palabras del emperador Napoleón Bonaparte, quien decía: "El ejército
camina con el estómago".
Manuel E. Barberena R.
Alto a la corrupción
15 de junio del 2004
En Panamá, al igual que en el resto del mundo,
es conocido que tomar alcohol y manejar es causa casi segura de
muerte. Sin embargo, las autoridades panameñas parecieran no saber
o entender esto.
En Calle 50, frente a la emisora Wao, se estacionan
casi todos los fines de semana autos en la calle. Sus ocupantes
toman desenfrenadamente alcohol.
Y digo desenfrenadamente porque los he visto. Recientemente
(que no fue la primera) llamé a la Policía para denunciar esto.
La primera llamada la hice a las 5:15 p.m y no pasó nada. Volví a
llamar a las 5:30 p.m. Nada. A las 6:00 p.m. me dijeron que "Panamá había
ganado", y presumo se referían al juego de fútbol. ¿Desde cuándo
esa es una excusa para que nuestra juventud se mate tomando y manejando?
Llamé 11 veces, hasta las 10:00 p.m., hora en que
los jóvenes, y digo jóvenes porque me tomé la molestia de ir a
verlos, continuaban tomando, con el tráfico parado en la Calle
50 y el ruido a todo volumen. Mis vecinos llamaron al menos 30
veces más, y nadie hizo nada.
No es la primera vez que esto pasa. Es más, para
las elecciones en ese mismo lugar se dio una tragedia, porque la
gente toma y maneja.
¿Hasta cuándo? He leído en el diario La Prensa
dos artículos este año denunciando este fenómeno que impulsa la
emisora Wao, pero ninguna autoridad hace nada.
¿Qué esperan?, ¿que se muera más gente? Repito,
cada vez que esto ocurre, que es cosa frecuente (cuando juega Panamá en
fútbol, cuando hay algún concierto, cuando a la emisora Wao le
da la gana), se llama a la Policía, y pareciera que ella aprobara
esta conducta.
He averiguado y la emisora Wao tiene una denuncia
en la Defensoría del Pueblo por ruido. Señor defensor ¿cuándo prohibirá que
esta emisora pare su auto con bocinas a incitar a que se tome y
maneje, a incitar el desorden, a causar ruido y desgracia a su
alrededor?
Panamá se jacta de ser un país civilizado, mas
si nuestras autoridades no hacen nada al respecto, ¿qué pensará un
inversionista? ¿Quién confía en un país donde las autoridades permiten,
y las emisoras fomentan que la gente se mate bebiendo y manejando?
Anna Karennina Gonsales-P.
Respuesta
22 junio del 2004
Contesto el párrafo donde se menciona mi nombre
en la entrevista que se le hizo a Juan Carlos Navarro, publicada
el pasado 22 de junio, en la Plana 6 del diario La Prensa .
La respuesta de Navarro fue "Cuando yo llegué a
la Alcaldía, mi antecesora, Mayín Correa, tenía un número altísimo
de parientes y amigos íntimos en la administración municipal. Ese
nepotismo y esa falta de transparencia es lo que intenté arrancar
de raíz. Muy fácil hubiera sido seguir como antes, lo difícil fue
cambiar".
El amor y el corazón que engañosamente menciona
tantas veces en esa entrevista deben ser tan falsos como los ojos
azules que lució en su campaña política. El mismo día que llegó a
la Alcaldía destituyó a copartidarios honorables, como al Dr. Alvaro
Menéndez Franco, Fany de Pérez Herrera, y a otros miembros fundadores
del PRD a quienes yo llamé a colaborar en mi administración por
sus capacidades y honorabilidad. A la profesora Pérez Herrera le
faltaban cuatro meses para su jubilación. También destituyó a mi
sobrina Gina Correa de Arrocha, con cuatro meses de embarazo. Mis
dos hermanos, Gonzalo Correa, director de Mercados, y a la profesora
Noris Correa de Sanjur, del departamento de Desarrollo Social,
no los destituyó porque ellos, igual que el resto de los directores,
renunciaron. El destituyó a centenares de humildes trabajadores
para reemplazarlos por sus activistas políticos.
El alcalde jamás muestra su equipo de trabajo y
yo era orgullosa del mío. Todos profesionales honrados y capaces.
Navarro no puede hablar de transparencia como sí lo
puedo hacer yo. A mí nadie me acusó de cobrar coimas por miles
de permisos de licor ni por pagar deudas de los planos del Palacio
Municipal que él eliminó causando una pérdida millonaria al contribuyente.
Tampoco se me acusa de despilfarrar millones de dólares sin poder
mostrar ninguna obra. Yo dejé casi 200 obras, muchas de las cuales él
ha destruido, como el trasbordo de El Chorrillo que costó 5 millones
y lo mandó a destruir sin permiso del Consejo Municipal. A la mayoría
le ha quitado las placas conmemorativas para adjudicarse su autoría.
Nunca aparecí en una encuesta de Dichter & Neira
como la funcionaria pública más corrupta del gobierno, como sí apareció el
alcalde.
En mi administración trabajé junto a mis funcionarios
en el mismo edificio donde funciona la Alcaldía. Tampoco utilicé un
patrimonio histórico (Mansión Arias Feraud) restaurada por mi administración
con mucho esfuerzo, para no mezclarme con ellos, como sí lo ha
hecho el alcalde.
Mayín Correa
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