¡No! a las reformas constitucionales
De poco sirve hacerle cambios improvisados a un esquema agotado y antidemocrático. Queremos la constituyente
Betty Brannan Jaén
laprensadc@aol.com
WASHINGTON, D.C. -Para los que anhelamos tener una Constitución genuinamente democrática, es mal augurio que el presidente electo, Martín Torrijos, haya propuesto rápidamente un paquete de enmiendas superficiales que será sometido de manera apresurada, y sin amplio debate público, al órgano más desprestigiado y menos representativo del Estado panameño. Aunque lo que se desea, precisamente, es excluir a la ciudadanía del proceso, opino que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el paquete sea rechazado.
Una sola reforma debe ir a la Asamblea: la que establece la constituyente como método para cambiar la Constitución. El politólogo Carlos Guevara Mann me señaló, en entrevista por vía electrónica, que para quien verdaderamente desee fortalecer la democracia panameña, "la única propuesta aceptable es incorporar la Asamblea Constituyente (sin limitaciones de ninguna naturaleza a su soberanía) como método de cambio constitucional y disponer que será convocada, de acuerdo con claros criterios de participación ciudadana y proporcionalidad, en un plazo perentorio".
Concuerdo plenamente y me uno a los argumentos expuestos por quienes adversan este proyecto, que el constitucionalista Humberto Ricord ha tildado de "nefasto". Me hago eco de los argumentos de Raúl Leis, Miguel Antonio Bernal, Italo Antinori, Maribel Cuervo de Paredes, Magaly Castillo y Carlos Antonio Harris Jiménez, quienes critican tanto la forma como el contenido del proyecto.
Primero, en cuanto a la forma: "Con inusitado cinismo, la clase política panameña pretende ofender la dignidad del pueblo panameño al querer imponer una reforma constitucional, llevada a cabo por la institución que el pueblo panameño ha considerado como la más corrupta en los últimos años de nuestra incipiente democracia", escribió Carlos Antonio Harris Jiménez el miércoles pasado en La Prensa. Es inaceptable, agregó, que unos legisladores tan repudiados por la comunidad -y escogidos "de la pobre opción que nos ofrecen los partidos políticos"- sean precisamente quienes "definan un nuevo marco constitucional" para el país. "Cabe preguntarse", apuntó el abogado, "por qué un gobierno que acaba de ser elegido contundentemente en unas recientes elecciones populares, no se atreve a permitir que ese pueblo que lo eligió sea el que, representado por todos los sectores de su población, escoja las normas con las que quiere vivir en una verdadera democracia".
El sociólogo Raúl Leis objeta igualmente que el método en que se ha presentado este paquete de reformas tiende a excluir a los panameños del debate sobre ellas.
Pero eso, precisamente, es lo que se desea. Como dijo Ricord, esto es una "fachada" para "detrás de la puerta [hacer] lo que les da la gana".
Solo hay que ver el contenido de las supuestas reformas, que Miguel Antonio Bernal llama "parches". Lejos de abrirle paso a una más amplia participación popular, estas supuestas reformas "no actualizan en nada las garantías y los derechos, coartan la participación ciudadana, dejan intactas las causas más graves de la ausencia de democracia en Panamá, le dan poderes omnímodos al Tribunal Electoral y permiten que el Ejecutivo pueda de un plumazo nombrar seis magistrados a la Corte Suprema", me escribió Bernal en una entrevista por correo electrónico.
Por su lado, Guevara Mann también criticó la eliminación del control previo al Tribunal Electoral y la sustracción de este organismo del control constitucional, observando además que el proyecto tiene "elementos aparentemente personalistas" (por ejemplo, eliminar la facultad de los concejos de nombrar al tesorero municipal y otorgársela a los alcaldes). Italo Antinori ha señalado que extrañamente se permite que los magistrados del Tribunal Electoral pasen directamente a la Corte Suprema; y Magaly Castillo ha subrayado que el proyecto no hace nada para mejorar la administración de justicia.
Se ha querido endulzar el proyecto de reformas con dos propuestas potencialmente buenas -reducir la sanción sin juicio previo en casos de desacato y limitar la inmunidad legislativa-, pero ambas medidas son insuficientes y vienen a un costo demasiado caro. Sobre el desacato, como Maribel Cuervo de Paredes ha señalado, lo que hay que hacer es eliminar ese concepto totalmente, junto con todas las demás disposiciones que coartan la libertad de expresión. Sobre la inmunidad legislativa, Guevara Mann me comentó que la enmienda no solamente es "insuficiente" para democratizar la Constitución, sino que estas propuestas potencialmente positivas han sido incluidas "de manera incoherente, sin referencia a un plan organizado y sensato para afianzar el carácter democrático del Estado panameño".
Ese es el problema central: que de poco sirve hacerle cambios improvisados a un esquema agotado y antidemocrático. Queremos la constituyente.
La autora es corresponsal de La Prensa
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