Política energética,
prioridad nacional
El reto del nuevo gobierno está en saber
conjugar las presiones a corto plazo de
algunos sectores que exigen soluciones inmediatas, y avanzar hacia
una política estable de mediano
y largo plazo
Fernando Aramburú Porras
Cuando el Gobierno panameño reestructuró el sector
eléctrico, hace más de cinco años, y vendió el
50% de su participación, se proponía alcanzar importantes
objetivos a mediano y largo plazo. ¿Se lograron esos objetivos? ¿Qué lecciones
debemos extraer de esta experiencia a fin de perfeccionar el sistema
y avanzar hacia nuevas metas?
De las metas impuestas por nuestro gobierno al reestructurar el sector
eléctrico la más importante fue la de “garantizar
el suministro de energía eléctrica a la creciente población
y suplir la demanda de esta al menor costo posible”. Para ello
se hacía necesario crear un nuevo modelo, en el que el Estado
transfiriese la operación y responsabilidad de este sector
al sector privado, con excepción de la transmisión
de energía. Así, se establecía una nueva estructura
en la que la generación, transmisión y distribución
funcionaran interrelacionada pero independientemente.
La generación
se realizaría simultáneamente a través de las
varias empresas que surgieron del IRHE con las nuevas generadoras
privadas. Estas entrarían en un mercado de energía
donde se contrataría a los generadores con el menor costo
de energía.
En ese ambiente de competencia, la función del Ente Regulador
sería velar para evitar el control predominante por parte
de algún generador(es), y mantener un ambiente de libre competencia
entre los generadores, necesario para obtener los menores precios
posibles.
En cuanto a la transmisión y distribución de energía,
por tratarse de monopolios naturales el Ente Regulador debe ejercer,
de acuerdo con la ley, el rol de control y supervisión de
los aumentos de tarifas y de los márgenes basados en reglas
previamente establecidas.
Indudablemente, la meta de garantizar el suministro se ha logrado
con amplitud.
Hoy se cuenta con una capacidad instalada de algo más
de mil 400 megavatios, que supera la demanda máxima de energía
del país, la cual alcanzó 900 megavatios en meses pasados.
El consumo ha superado los 5 mil GWH, un 25% superior al del año
1998. Esta cifra representa un aumento neto de más de 350
megavatios ó 35% de capacidad nueva sobre la existente en
1998 cuando se privatizó el sector, la que ha sido desarrollada
en los últimos cinco años a un costo de más
de 500 millones de dólares por las empresas generadoras locales
y extranjeras.
Estas cifras demuestran que el nuevo sistema ofrece las condiciones
necesarias para que se realicen inversiones. Entre ellas se destacan
el proyecto hidroeléctrico Estí (120 megavatios), la
planta térmica de Pacora (50 megavatios), la planta de Pan-Am
en La Chorrera (100 megavatios), y las mejoras a la hidroeléctrica
de Bayano (98 megavatios).
A pesar de estos avances, vemos con preocupación que luego de estas inversiones
iniciales, en la actualidad no hay proyectos importantes de generación
en proceso de gestación, debido a la falta de una actitud pro-activa de
las autoridades responsables, y a la ausencia de políticas adecuadas para
el sector en los últimos años.
De igual modo, la alteración de algunas de las reglas originales desarrolladas
durante el proceso de reestructuración tiene implicaciones serias y envía
señales negativas a los potenciales inversionistas.
Recordemos que el nuevo modelo está basado en la inversión privada,
ya que el
Estado tiene otras prioridades para sus escasos recursos, por lo que
el hecho de revisar las reglas con una mentalidad a corto plazo puede resultar
muy costoso a mediano plazo. Estaríamos creando condiciones negativas
para la inversión y poniendo en peligro, a su vez, la viabilidad del sector
a mediano y largo plazo.
Según la Comisión de Política Energética del MEF,
se requieren más de mil millones de dólares de inversión
en los próximos 10 años para poder atender la creciente demanda
de energía eléctrica que habrá que suplir.
Con relación al objetivo primordial de obtener la energía al menor
costo posible, a pesar de que originalmente se disminuyeron las tarifas un 10%,
el costo de la electricidad no ha podido bajar debido a que el combustible ha
aumentado un 150% desde 1998. Por razones de su hidrología, nuestro país
depende un 40% de la generación térmica, la cual se ve afectada
por los incrementos en el costo del petróleo y derivados, afectando los
costos de generación, los precios del mercado eléctrico, y por
ende las tarifas al consumidor.
Los aumentos que se han experimentado desde la privatización, los que
ascienden alrededor del 20%, podrían haber sido mayores si no fuera por
la existencia de esos nuevos proyectos.
Se requiere promover la inversión en plantas más eficientes que
utilicen preferiblemente insumos para la generación, con precios estables
a largo plazo, tales como los recursos hidráulicos (agua), gas natural
y carbón, de tal forma que logremos disminuir los precios de la energía
a través de una mayor eficiencia en su producción y competencia
en el mercado eléctrico. Adicionalmente debemos promover y apoyar la interconexión
eléctrica con los mercados de Centroamérica y Colombia, ya que
esto no solo aumentaría la oferta de energía y la competencia entre
generadores, sino que ofrecería a los productores y consumidores más
opciones de suministro.
Para lograr que los inversionistas locales y extranjeros inviertan a largo plazo
en Panamá, se requiere de una política energética atractiva
y estable que promueva la inversión privada en proyectos de mayor eficiencia
y que utilice nuestros recursos naturales dentro de un ambiente confiable y transparente.
Generalmente, las inversiones en este sector requieren de cantidades importantes
de recursos financieros y de extensos estudios de factibilidad, ingeniería,
medio ambiente, además de las gestiones para las concesiones, financiamiento
y construcción, por lo que desarrollarlos toma de dos a cinco años,
dependiendo de la tecnología y recursos a usar.
El reto del nuevo gobierno está en saber conjugar las presiones a corto
plazo de algunos sectores que exigen soluciones inmediatas, y avanzar con luces
largas hacia una política estable de mediano y largo plazo que logre de
manera efectiva los objetivos deseados.
El autor es consultor independiente, ex director del IRHE y ex
ministro de Economía y Finanzas
Además en opinión
. Consejos al nuevo ministro de Salud: Xavier Sáez-Llorens
. La violencia juvenil: Ana M. B.
de Mantovani
. Valores y protestas: John A. Bennett
N.
. La alberca de Pilatos
. Política energética,
prioridad nacional: Fernando Aramburú Porras
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