De inmunidad a impunidad
En Panamá, agregaría yo, también hay que corregir la práctica de no enjuiciar penalmente a los altos funcionarios
Betty Brannan Jaén
laprensadc@aol.com
WASHINGTON, D.C. -El escritor estadounidense Richard Koster, quien tiene décadas de vivir en Panamá, explica la corrupción en nuestro país de esta manera:
"La regla de gobierno en Panamá es que los que participan en el gobierno tienen derecho a usar su cargo o su influencia para beneficio personal. Todos los miembros de la clase política de Panamá se suscriben a este principio, sin importar su afiliación partidista; y la ciudadanía lo acepta -a veces de mala gana, a veces con resignación- como parte inevitable de vivir aquí, como el calor y los mosquitos". (Ver ensayo por Gustavo Gorriti en www.publicintegrity. org).
La tesis de Koster explica por qué los gobernantes panameños han tenido el cuidado de dotarse de una inmunidad -ya sea por ley o de facto- que los protege de ir a la cárcel por sus delitos. Aunque este problema está en muchos países latinoamericanos, un artículo reciente en el Washington Post señaló que la impunidad oficial en Panamá ha llegado a niveles deprimentemente pintorescos.
Los políticos latinoamericanos "rara vez son castigados u obligados a rendir cuentas porque las leyes de sus países les permiten arroparse de inmunidad como funcionarios, aun en casos de delito o corrupción flagrante", observaron Andrés Barreto y Judd Kessler en un artículo publicado en el Post el 23 de mayo de este año. Barreto y Kessler son dirigentes de la Fundación Interamericana de Derecho, un organismo dedicado a mejorar la administración de justicia en las Américas.
Las leyes de inmunidad frecuentemente son interpretadas con el propósito específico de "proteger a los acusados, especialmente si pertenecen a un partido político poderoso", comentaron Barreto y Kessler, citando el caso CEMIS como una "distorsión particularmente vívida del propósito de la inmunidad". Ellos tomaron nota de que Carlos Afú hizo una confesión televisada de soborno y "descaradamente" mostró los billetes, pero "una Corte Suprema altamente politizada protegió a los acusados", al dictaminar -"contrario a los precedentes"- que Afú estaba protegido por su inmunidad legislativa. Si esto provocó cierto descontento en Panamá, el malestar no duró mucho. "Panamá ya ha regresado a 'business as usual", comentaron Barreto y Kessler en su escrito.
Llamé a Kessler y lo entrevisté por teléfono. Me dijo que no había citado el caso Afú porque la situación panameña es peor que la de países vecinos, sino porque es una ilustración especialmente "rimbombante" del síndrome. El problema básico, opinó Kessler, es "una estructura inoperante" de leyes que protegen al funcionario del castigo penal que le correspondería si fuera un ciudadano ordinario.
Kessler describió dos fallas en esa "estructura inoperante" que predomina en los países latinoamericanos. Primero, que hay "una noción extrema" de la separación de poderes, lo que hace casi imposible que una rama de gobierno investigue -menos aún castigue- las acciones de funcionarios en otro ramo. Kessler comentó que algunos países latinoamericanos han corregido este problema con la creación de fiscalías y jueces especiales.
Segundo, Kessler observó que las leyes de inmunidad oficial en países como el nuestro tienden a tener una amplitud "exagerada". Aunque Kessler se resistió a citar a Estados Unidos como ejemplo de perfección en materia jurídica, el hecho es que la inmunidad parlamentaria en Estados Unidos solamente protege a los congresistas de las acusaciones de difamación que puedan emanar de sus declaraciones en el seno del Congreso. Todas las demás acciones de todo funcionario en Estados Unidos están sujetas a las mismas leyes penales que son aplicables a cualquier ciudadano. Son muchos los funcionarios estadounidenses que han ido a la cárcel. (Ver columna del 7 de diciembre de 2003).
En parte, reconoció Kessler, las diferencias entre Latinoamérica y Estados Unidos con respecto a nociones de inmunidad oficial se derivan de diferencias entre el sistema anglosajón de derecho y el europeo. Pero los países del continente europeo han ido modernizando su legislación en esta materia y es hora de que Latinoamérica haga lo mismo.
En otras palabras, reformar las leyes de inmunidad oficial es lo primero que hay que hacer si de veras queremos combatir la corrupción. Sin estas reformas, subrayaron Kessler y Barreto en su artículo, "es difícil ver cómo se logrará progreso genuino para combatir la corrupción entre altos funcionarios".
Y en Panamá, agregaría yo, también hay que corregir la práctica de no enjuiciar penalmente a los altos funcionarios, y hay que poner a funcionar al Centro Nacional contra la Corrupción, que fue creado en 1999 pero que todavía no ha procesado un solo caso.
La autora es corresponsal de La Prensa
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