No tan transparentes
Jorge Eduardo Ritter
jritter@cwpanama.net
Pasó la euforia y pasaron los lamentos. Los que perdieron aceptaron la derrota, y el que triunfó lo hizo sin ostentaciones. El país se regocijó y de inmediato se proclamó que había triunfado la democracia y que podíamos sentirnos orgullosos de nuestras instituciones. El triunfo de Torrijos fue tan amplio, y su proclamación tan rápida, que muchos creyeron que de verdad éramos un ejemplo de democracia, como lo proclamaran algunos observadores. La verdad sea dicha: se nos fue la mano en la refriega de elogios. Está demostrado que el sistema no se encuentra inmunizado contra ciertas perversiones de la política, que se requieren medidas que impidan el abuso en el futuro, y que es mejor que nos preparemos para cuando el margen sea más estrecho.
Lo primero: la participación abierta del presidente en favor de un candidato. No es que quiera hacer leña del árbol caído, pero la conducta de la señora Moscoso fue a todas luces reprobable. Contraria a la tradición política panameña y contraria también a la Constitución. El juramento que hace un presidente es el de cumplir la Constitución. Pero pareciera que lo que se propuso la presidenta Moscoso fue, en lugar de cumplirla, inventar triquiñuelas para que la ley no la alcanzara. O mejor dicho para burlarse de las normas, olvidando que cumplir con la Constitución no es lo mismo que no violar las reglamentaciones del Tribunal Electoral. Verbigracia: si la Constitución prohíbe el apoyo oficial a un candidato, y la ley hace lo mismo, la presidenta no puede apoyar descaradamente a su candidato amparándose en un decreto que determina que los funcionarios pueden hacer proselitismo político fuera de horas de oficina. Podrá alegar que no está violando las disposiciones electorales, pero está violando la Constitución que juró cumplir. Lo que ocurrió en Panamá fue una vergüenza, que no se borra solo porque el candidato oficial reconoció temprano su derrota. Quiero pensar que Torrijos no va a hacer lo mismo cuando le llegue el momento, y aunque así sea deben establecerse los contrapesos que eviten los abusos que vimos en la campaña pasada. Algunos sostienen que ese proceder afectó en forma adversa al candidato Alemán, y que los que favorecíamos otras candidaturas deberíamos estar agradecidos. El punto no es ese: no se debe tolerar -mucho menos alentar- violaciones a la ley, solo porque en una determinada coyuntura resultan un tiro por la culata. También pudo haber salido por donde esperaba el gobierno.
La compra de votos es otro capítulo que no puede quedar impune. El hecho de que el PRD haya obtenido una mayoría legislativa, no significa que debamos hacernos de la vista gorda con relación al uso de fondos públicos para financiar campañas políticas locales. Es el caso de Haydée Milanés de Lay, cuyas bribonadas no pueden pasarse por alto solo porque pertenece al partido que perdió las elecciones. Pobrecita, ya déjenla dicen unos. No es un asunto de lástima ni de caridad: si violó la ley debe ser castigada, y si la compra de votos afectó el resultado, entonces la elección debe repetirse. Sostener, como argumento para no hacerlo, que la ganaría el candidato del PRD es una manera de distraer la atención de lo medular que fue la compra de votos, y constituye una manera muy cómoda de condonar una práctica abominable.
La conducta de la señora Milanés es todavía más censurable, puesto que de la lástima que imploró primero ha saltado al chantaje: si le quitan su curul va a destapar un escándalo de proporciones gigantescas. La persona que tiene conocimiento de un hecho punible está en la obligación de denunciarlo. Muchos no lo hacen, pero este sería el primer caso del que tengo memoria que una persona proclama conocer de un hecho delictivo y condiciona su revelación al reconocimiento de su curul como legisladora. Ese comportamiento propio de facinerosos es inaceptable como norma de convivencia, y más aún en una persona que aspira a gobernarnos (legislar es una forma de gobernar).
Estamos frente a hechos que, en circunstancias diferentes, pueden alterar una elección presidencial y generar violencia. En lugar de preciarnos de nuestras elecciones, que en muchos aspectos no fueron tan transparentes como hemos proclamado, debiéramos esmerarnos en que los que delinquieron sean castigados y en establecer normas claras sobre la conducta de los gobernantes. Así evitaríamos la repetición de prácticas que creíamos extinguidas y el abuso de las prerrogativas presidenciales que padecimos en las elecciones pasadas. Y nos haríamos merecedores de los muchos elogios que se han vertido sobre las pasadas elecciones.
El autor es ex canciller de la República
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