El fin justifica los medios
Un informe de EU justifica la tortura en el marco dela lucha contrael terrorismo
Andy Robinson
Nueva York, EU
(LA VANGUARDIA)
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LASERFOTO KRT/Pauline Lubens/San Jose Mercury News
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Un detenido en Abu Gharib se aprieta contra la cerca en la nueva sección de la prisión, llamada Campo Redención. Desde que se divulgó la noticia de que en Abu Garib se maltrataba a los presos, el presidente George W. Bush ordenó que la cárcel se demoliera, y los detenidos fueran mudados a nuevas instalaciones.
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Diversos asesores legales del Departamento de Justicia aconsejaron en el verano de 2002 en un memorándum enviado a la Casa Blanca que la "necesidad y autodefensa" puede justificar el uso de tortura si se emplea para "prevenir más atentados contra Estados Unidos por Al Qaeda". Estos informes internos fueron preparados para el secretario de Defensa, Donald Rusmfeld.
"A veces el bien mayor de la sociedad se cumplirá mediante
la violación del lenguaje literal de la ley penal", señalan los abogados de
la Administración en referencia a la ley de tortura estadounidense.
Michael Ratner, del Centro de Derechos Constitucionales en Nueva York, que facilitó los informes a los medios de comunicación, dijo a La Vanguardia: "Esto es totalmente inadmisible. Se utilizan los mismos argumentos de Pinochet".
En otros documentos de marzo de 2003, enviados por este centro a La Vanguardia, se afirma que si la tortura va a ser utilizada "sería mejor hacerlo con la autorización de un directivo presidencial". Los documentos incluyen como destinatario a Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de Estados Unidos.
Un anexo incluye también 24 técnicas de interrogatorios que, según la Administración, no constituyen tortura. Entre ellos se encuentra el llamado método de "waterboarding" (tabla de agua). Consiste en atar a los detenidos a una tabla y sumergirlos en agua con la amenaza de ahogarlos.
Un portavoz del Pentágono confirmó, según la agencia AFP, que Rumsfeld aprobó 24 técnicas de interrogatorio que no detalló, de las que siete no figuran en el manual oficial del Ejército de Tierra, y que "fueron aplicadas sólo a los presos de Guantánamo".
En los meses después del 11S, mientras, los expertos legales de la Administración llegaron a asegurar que "tortura y homicidio" podían ser justificados "como autodefensa" si se consideraban necesarios para prevenir un ataque inminente contra los Estados Unidos.
Aunque un lenguaje legal similar ha sido empleado en el pasado en Israel bajo la justificación de prevenir atentados suicida, esta es la primera vez que un país firmante de la Convención de Ginebra plantea el uso de "tortura legal".
La Administración norteamericana ya desamparó públicamente a los presuntos miembros de Al Qaeda de la protección de la Convención de Ginebra. Pero en los nuevos documentos publicados en portada de tres importantes diarios estadounidenses se comprueba que se buscaban formas de burlar la propia ley de tortura estadounidense que, de acuerdo con la adhesión de Estados Unidos a la Convención Internacional sobre la Tortura, prohíbe acciones "con intención especifica de infligir dolor y sufrimiento que cause daños prolongados mentales o físicos".
El responsable del Departamento de Justicia, el fiscal general John Ashcroft, insistió en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado en que todos los interrogatorios fueron legales bajo la ley de Estados Unidos, aunque los efectuados a presuntos miembros de Al Qaeda no estuvieron sujetos a la Convención de Ginebra. "Yo no defino la tortura; lo hace el Congreso", dijo. Se negó a facilitar copias del polémico informe a los senadores.
Diane Feinstein, senadora demócrata de California, dijo en el Senado: "Todo indica que ustedes han intentado redefinir o alterar sustancialmente el significado de la tortura que ha definido el Congreso y la Convención de Ginebra".
El informe, según The Wall Street Journal, fue elaborado por un grupo de expertos legales seleccionado por William Haynes, el principal asesor legal del Departamento de Defensa, bajo el mando de Mary Walker, asesor legal de las Fuerzas Aéreas, con el objeto de responder a una pregunta de la CIA sobre las reglas a observar en los interrogatorios.
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