La corrupción en la Ciudad del Saber
Tomás Paredes Royo
Terminó recientemente el curso "Estrategias y acciones para promover la transparencia y controlar la corrupción", organizado por la Fundación Ciudad del Saber en conjunto con el Instituto Internacional de Gobierno, Administración y Política de la Universidad de Georgetown. El programa abordó el tema desde un punto de vista sistémico -alejado del apasionamiento que suele caracterizar la discusión de situaciones puntuales de corrupción-, lo que facilita la tarea de promover la transparencia que debe haber en las relaciones entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.
El problema de la corrupción no es fácil de resolver. No hay una vacuna que inmunice de manera inmediata o incluso a corto plazo. La falta de precisión al definir los problemas de corrupción, por lo general ambiguos, con valores en conflicto e información imperfecta al momento de analizar situaciones específicas, dificulta y complica el diagnóstico y la investigación de los casos concretos de corrupción.
Hasta el momento, para combatir la corrupción el enfoque ha sido reactivo e ineficaz. Ante un supuesto caso de corrupción, a veces descubierto por fuentes de dudosa credibilidad, se requiere que alguien presente una denuncia o que el Ministerio Público realice de oficio sus propias investigaciones, para someterse después al lento mecanismo procesal de nuestros tribunales, adicionando peso a la ya recargada agenda de trabajo de jueces y fiscales.
La corrupción, además, por ser oculta (se esconde y no hay víctimas visibles), compleja (implica varios actores), difícil de probar (pocas o ninguna huella), con implicados poderosos (de los sectores público y privado) y con poca posibilidad de que se presenten denuncias o se encuentre a testigos, explica por qué los órganos y mecanismos utilizados tradicionalmente para resolver casos de corrupción no son efectivos.
Por ello, hoy la tendencia apunta a crear oficinas proactivas en la prevención y en la investigación de casos de corrupción, diseñadas con objetivos claros e independencia, con personal calificado, bien remunerado y estabilidad laboral. Esto ayuda a establecer un alto nivel de mística y motivación, a lograr un desempeño eficaz que responda a las expectativas de maximizar la transparencia y reducir al mínimo los actos de corrupción en la gestión pública, y crear un perfil de visibilidad amplio que permita a la sociedad civil y demás organismos de control conocer y supervisar su trabajo.
Hoy la lucha contra la corrupción, además, tiene carácter internacional. Los temas de conflictos de intereses, acceso a la información, enriquecimiento ilícito, recuperación de activos, sobornos y coimas, delincuencia organizada, lavado de dinero, y tráfico de personas y armas, han dejado de ser problemas meramente locales y ahora forman parte de una agenda internacional con criterios alineados, procedimientos y prácticas estandarizadas, donde la soberanía de los países se subordina cada día más a normas jurídicas vinculantes y compartidas que emanan de estas responsabilidades y compromisos globales.
Algunos preceptos importantes sirven para enfocar y enmarcar el tema con mayor precisión. La corrupción es un problema de prevención más que de corrección; no es exclusiva de los políticos; tampoco es de origen étnico-cultural; no es un problema de personas, sino de sistemas. Por lo mismo, la corrupción no se soluciona con más castigo; el comportamiento del sector privado es determinado en gran parte por la calidad de la regulación pública; la información y el acceso a ella es un recurso estratégico de control social contra la corrupción; la institucionalidad y el respeto a las instituciones son vitales para controlar la corrupción, y las declaraciones juradas de bienes son un mecanismo efectivo para controlarla.
Así, la promoción de la transparencia y el ataque a la corrupción es mayormente un problema de voluntad política. Hoy, la tecnología disponible y las normas y procedimientos existentes para prevenir, diseñar, investigar y corregir cualquier proceso administrativo público, permiten aumentar la imparcialidad y la legitimidad de los funcionarios de gobierno al tomar decisiones y poner a disposición de los ciudadanos toda la información relativa a la gestión pública.
Por lo tanto, combatir la corrupción tanto pública como privada requiere de un liderazgo político valiente, comprometido, ejemplar y motivador, que entienda que la corrupción atenta contra la democracia, los gobiernos y los partidos políticos, y que, al final, se afecta la fibra íntima de la sociedad y la calidad de vida y el futuro de todos los ciudadanos.
El autor es analista
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