La nueva Asamblea Legislativa
Son muchas las cosas positivas que hay por delante, pero que dependen de los hombres y mujeres y de las instituciones partidistas que representan
Dorindo Jayan Cortez
djayans@hotmail.com
Donde está el palo está la astilla. Así reza un adagio popular. También sería correcto pensar lo contrario: ahí donde esté la astilla estará presente el palo. Pareciera, con la lectura de una buena cantidad de noticias publicadas en diversos medios de comunicación, que algo semejante estaría ocurriendo entre Asamblea Legislativa y corrupción. Una y otra, en la percepción de un buen grupo de panameños, son la misma cosa. Y es así aun cuando no todos los integrantes de este importante órgano de Estado merecen esta triste y humillante comparación.
Lo que es evidente, diríamos un reto, es la necesidad de cambiar el rumbo de las actuaciones, de las actitudes; y creemos que ahora que un número considerable de nuevos hombres y mujeres ha sido electo y, por qué no, los que permanecen en la Asamblea, hemos de mirar ese reto como algo que trasciende las paredes y pasillos de la Asamblea; un reto que aun de la aparente indiferencia interesa (o debe interesar) a la sociedad en su conjunto; a los políticos en general. En efecto, sin demeritar otros procesos electorales de otros tiempos, habría ahora que advertir la permanencia de un ambiente electoral que debe darle confianza a los cargos de elección popular; hay que recobrar la credibilidad para que la institucionalidad estatal sea garante del país democrático que todos anhelamos.
La Asamblea Legislativa tiene, para los próximos cinco años, gran responsabilidad, y si reconocemos la necesidad de reformar el Estado -como tarea que ha reiterado el Presidente electo- y crear una nueva cultura política, como señala igualmente el programa de gobierno que propone "Patria Nueva", entonces abría que apuntar hacia una reingeniería de este órgano estatal. En primer lugar, y esta es una percepción no lejana de la verdad, no debe ser un órgano para el exclusivo beneficio del interés personal, de luchas intestinas y estériles, de figuras decorativas; de farsas; más grave aún, de desnaturalización como país. Debe ser o reforzarse como la instancia donde se estudia y presentan propuestas de leyes para atender las necesidades esenciales de la nación panameña, siguiendo las funciones que le señala la Constitución Política. Este objetivo fundamental lo creemos posible y, sin menoscabar su independencia, ha de articular ese funcionamiento a la filosofía de desarrollo que sugiere el nuevo Ejecutivo; esto es, el de trabajar por el desarrollo sostenible bajo el prisma de un compromiso verdadero con la sociedad.
Los nuevos legisladores, para que respondamos al país con la verdad y no con el mero discurso electoral, tendríamos que estar revestidos de una conciencia clara de que es posible una sociedad más justa, más humana, que rechace la corrupción. Por otra parte, ninguna propuesta de gobierno, tampoco la que se haga a nivel legislativo, es buena si no se toman en serio los aportes que hagan los diversos sectores en la solución de los problemas, particularmente aquellos que han de ser atendidos a través de la promulgación de nuevas leyes o reformas de las existentes. Hay que generar participación; hay que escuchar a todos aquellos con disposición de trabajo. Esto otorga contenido al método de la consulta y la rendición de cuentas, pero quedará cojo este mecanismo si no se le acompaña de la honradez y del cumplimiento de lo prometido.
Con una visión como esa se podría, para los próximos cinco años, hacer leyes para el desarrollo económico que tomen en cuenta a las diversas regiones. Así mismo, estudiando la normativa constitucional, se deberá promulgar leyes de beneficio social para la población o mejorar las ya existentes. Estas leyes ayudarían a lograr lo sugerido por el ahora Presidente electo, Martín Torrijos, en el documento "Nuevo pacto con la sociedad" en el que, al referirse a la población que vive bajo la línea de pobreza, sugiere la necesidad de programas de asistencia directa que irán desapareciendo en la medida que los beneficiarios se incorporen al desarrollo.
Son muchas las cosas positivas que hay por delante, pero que dependen de los hombres y mujeres y de las instituciones partidistas que representan. Una de esas cosas en la que los legisladores tendremos que actuar está referida a la necesidad de revisar la Constitución Política. Y si lo hacemos con responsabilidad, ello permitiría mejorar el funcionamiento de la estructura estatal en su conjunto, reducir burocracias costosas para un país pobre, descentralización de los gobiernos locales; estas, entre muchas otras medidas que salven al país del desgreño en el que se encuentra. Todo esto sin descuidar que cualquier reforma e iniciativa caerá en saco roto si no logramos en la clase dirigente el apego a una cultura política democrática que garantice el exterminio de la corrupción que tanto daño hace a nuestros países. Solo así, palo y astilla, Asamblea y corrupción serán realidades distintas.
El autor es abogado y legislador electo
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