PECC contrademandará a Weeden
JOSE OTERO
jotero@prensa.com
Charles Jumet, presidente de Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC), presentará una serie de recursos legales ante el Ministerio Público y la Corte Suprema contra la Contraloría por la confiscación de bienes y cierre de operaciones de esta empresa.
Su abogado en Panamá, Carlos Carrillo, reveló ayer que se prepara una denuncia para interponerla ante la Procuraduría por extralimitación de funciones contra el contralor general, Alvin Weeden, y un amparo de garantías constitucionales ante la Corte, para que se declare ilegal la medida de cierre ordenada contra PECC. Los representantes legales de esta compañía naviera también anunciaron que pedirán a las autoridades que se investiguen varios encallamientos de buques en la costa de Colón por supuestos defectos en el sistema señalamientos de faros y boyas.
Carrillo dijo que Jumet y la junta directiva de PECC en reunión que realizaron en EU, donde se encuentra la mayoría de los directivos de esta empresa, acordaron emprender las acciones legales contra los funcionarios que resulten responsables de estas acciones, las cuales calificó de "arbitrarias".
Esta semana PECC denunció que la Contraloría había ordenado, desde el pasado 30 de marzo, el cierre de operaciones de la firma y procedido a indemnizar a los empleados sin notificación debida.
Weeden ha denunciado a Jumet de haber evadido impuestos por medio de "gastos ficticios" y lo tildó de"seudo inversionista". Jumet ha negado estas acusaciones, asegurando que los gastos declarados en sus libros fueron los "legítimos" por mantener oficinas, promover la expansión internacional del negocio y renglones parecidos.
Gregorio Chuljak, miembro de la directiva de PECC, aseguró que la Contraloría cerró la empresa y liquidó a los empleados cuando podía seguir operándola y obtener beneficios hasta la conclusión de la investigación y el proceso legal adelantado en la Corte.
Chuljak sostuvo que ha recibido información sobre la desaparición de parte de los equipos utilizados por PECC para la prestación de servicios de reparación y mantenimiento de boyas y faros.
La Contraloría, por su lado, dijo mediante comunicado que la orden de cierre y confiscación de bienes de la PECC no fue impartida por Weeden. Agrega que mediante fallo de la Sala Tercera de la Corte, fechado 12 de diciembre de 2003, se dispuso suspender provisionalmente los efectos del contrato de concesión entre PECC y el Estado.
Agrega que con el fin de evitarle más perjuicios a PECC, la administradora procedió a la liquidación del personal de esta empresa. La Contraloría facultó a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) para que administre la empresa mientras dure el litigio.
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