Juicio oral contra el presidente del Santander Central Hispano
Botín tendrá que responder por las altas jubilaciones concedidas a ex ejecutivos
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EFE/Esteban Cobo
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Emilio Botín, presidente del SCH -principal banco de España-,
enfrenta acusaciones junto con dos de sus colaboradores. |
MADRID, España (DPA). -El presidente del gigante bancario español Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de apropiación indebida en relación con las multimillonarias jubilaciones concedidas por la entidad a algunos ex ejecutivos.
La juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, dictó ayer auto de apertura de juicio oral tanto contra Botín como contra el ex copresidente José María Amusátegui y el ex vicepresidente Angel Corcóstegui, éstos últimos además acusados de administración desleal.
Amusátegui y Corcóstegui percibieron indemnizaciones por 43.7 y 108 millones de euros (52.4 y 129.6 millones de dólares), respectivamente, tras su jubilación.
Las acusaciones particulares piden penas de 12 años de cárcel para Botín y de ocho años para los otros dos acusados en el caso de que sean encontrados culpables de apropiación indebida.
En el caso de que fueran condenados por administración desleal, las penas solicitadas ascienden a seis años para el presidente del SCH y cuatro años para Amusátegui y Corcóstegui, además de multas millonarias y la inhabilitación de los imputados para ejercer como administradores en cualquier entidad mercantil.
En el auto notificado a las partes, la magistrada requiere también a los acusados para que, en un plazo de 24 horas, depositen fianza por el valor de las pensiones cobradas por los ex directivos.
Así, solicita a Botín y a Amusátegui que presten solidariamente la suma de casi 56.1 millones de euros (67.3 millones de dólares) en que se calcula la cuantía de las responsabilidades pecuniarias de los dos banqueros.
También pide a Botín que deposite solidariamente junto con Angel Corcóstegui el total de casi 108.2 millones de euros (129.8 millones de dólares) en la que se estima la responsabilidad civil por lo cobrado por éste último tras su salida del SCH.
El caso llegó a la Audiencia Nacional en 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco interpuso una querella contra el presidente del SCH y contra Amusátegui.
La demanda se basaba en el supuesto perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destacaba que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".
A esta querella se sumó la denuncia presentada posteriormente por Rafael Pérez Escolar, quien, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por considerar que perjudicaba a los inversores.
Además, argumentó que ni la Comisión del Mercado de Valores ni el Banco de España fueron informados de las razones por las que Corcóstegui abandonó el banco del que fue vicepresidente y consejero.
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