El alto costo de la corrupción
En la actualidad la corrupción se cubre detrás del velo de la democracia. Gobiernos corruptos son elegidos por el pueblo
Indira Figueroa
Aunque la corrupción no se circunscribe a América Latina, por lo general se percibe a nuestros países como los abanderados de este verdugo que mantiene a los pueblos en la jaula del subdesarrollo.
Sin ánimo de justificar la conducta de cada individuo, debemos abocarnos a la historia desapasionada del continente a fin de comprender el origen de este panorama nada favorable. Es un hecho que los conquistadores españoles que nos dirigieron hasta 1821 llegaron atraídos por las riquezas y el provecho personal. De ahí en adelante, la incapacidad de las clases dirigentes para gobernar honradamente es un resabio genético de los regímenes mezquinos e inoperantes de la América española. Estos dirigentes o caciques gozaban de inmensos privilegios a cambio de garantizar la hegemonía del gobierno de turno: usurpaban terrenos, gozaban de exenciones de impuestos, disfrutaban de la protección de gobernadores, jueces, magistrados, policía, y se aseguraban para su causa los puestos de mando y jurisdicción del Estado.
En la actualidad la corrupción se cubre detrás del velo de la democracia. Gobiernos corruptos son elegidos por el pueblo. Aún no se toma ninguna acción contra quienes por propio individualismo se sirven del poder conferido en menoscabo del bienestar común.
Actuaciones que a pesar de tener una apariencia de legalidad, acarrean consecuencias nefastas para el Estado panameño y para países hermanos de la región: la utilización de nuestro centro bancario para llevar a cabo -a través de terceros- transacciones financiadas con dineros producto de actos de peculado; los contratos celebrados con entidades gubernamentales con términos lesivos para el Estado; las deudas millonarias de patrones morosos con la CSS cuyos pagos lejos de ser exigidos a través de la jurisdicción coactiva han sido aplazados; las asociaciones ilícitas de personas o compañías testaferros vinculadas mediante arreglos previos para lograr acceso a recursos públicos a través de partidas asignadas en el presupuesto general del Estado, o para quedarse con bienes del Estado bajo componendas fraudulentas en menoscabo de la hacienda pública; los que pagan sobreprecios en colusión por contratos que hacen con el Estado; los empréstitos y obligaciones de particulares contraídos con el aval del Estado y que al final el mismo Estado termina pagando; el streap tease de algunos miembros de la Asamblea para otorgar viscerazos, lo que nos ubica en la zona roja del mapa de escala de corrupción frente a potenciales inversionistas. Finalmente, una partida discrecional asignada a la Presidencia cuya necesidad no cuestiono, pero que debe ser transparente y de ella rendir cuentas a la ciudadanía en términos de sus beneficiarios.
El resultado de estas acciones no es más que unos cuantos miembros del engranaje de corruptela sean los mayores beneficiarios de los fondos públicos que están a disposición del Gobierno, para lograr los aletargados objetivos políticos de alcanzar un nivel aceptable de justicia social y desarrollo sostenible.
Me vienen a la memoria las palabras con las que el catedrático y ex procurador de la Administración Olmedo Feliciano Sanjur se refería al enriquecimiento ilícito a costa de los recursos del Estado: "la corrupción estatal es como robarle a un niño pobre y seguir condenándolo a la pobreza".
Todos estos actos u omisiones están descritos y sancionados en el derecho positivo y en la Constitución como delitos contra la administración pública; sin embargo, por falta de control de la legalidad siguen en la impunidad jurídica.
Lamentablemente la corrupción está ensartada hasta en la justicia. La elección de los titulares del poder judicial, del Ministerio Público y órganos de control como la Contraloría General de la República, por sus vinculaciones partidistas o sujeción a determinados grupos económicos, da como resultado una de las características más recurrentes de la historia panameña: la impunidad.
La ley, que debe ser aplicada paralelamente a todos por igual, se aplica solo a los que no están amparados por la protección que puede conferirles un "contacto". Tampoco hay un ejercicio del poder basado en la rendición de cuentas a todos los funcionarios, tal como se desprende del espíritu del legislador constitucional y de leyes complementarias e.g. habeas data y de transparencia.
En una economía que propende a la concesión de los servicios públicos a empresas particulares y a la apertura de mercado, es necesario que los órganos de control e.g. Ente Regulador, CLICAC sean poderosos, inflexibles e independientes.
La corrupción no desaparecerá -claro está- porque el diablo no descansa (Ef. 6:10-20). Sin embargo, hoy más que nunca pedimos que Dios ponga esa necesidad de orden en la mente de nuestros dirigentes, ya que está en manos de los gobernantes no dar pie a actos de peculado contra el Estado y a accionar los procedimientos que confiere la Constitución y las leyes para prevenirlos y castigarlos.
La autora es abogada
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