La palabra y el poder
Fernando Martinez G.
La principal amenaza a la libertad de expresión es el control planetario que una elite cada vez más reducida ejerce sobre los medios masivos de comunicación.
En nuestras frágiles democracias, la contradicción suele señalarse entre el ejercicio del periodismo y el poder de las autoridades, ignorando que los medios (particularmente sus dueños) constituyen un poder en sí mismos, cuya influencia crece con la globalización.
La información es la mercancía del nuevo milenio. Los mass media constituyen un negocio tan rentable como vender armas; su manipulación fue indispensable para avalar recientes guerras; son "imperios" que colonizan nuestras mentes antes de colonizar los mercados.
Ryszar Kapuscinski, considerado el reportero del siglo, sostiene: "En las dictaduras tenemos la censura y en las democracias la manipulación". Los medios, sea por acción u omisión, han contribuido a convertir grandes mentiras (no importa si las dice el presidente de Estados Unidos) en verdades. Son un poder que los poderosos no pueden ignorar y quienes lo detentan, a diferencia de gobiernos, no tienen límite de tiempo ni obligación de rendir cuentas a la sociedad.
Es claro que debemos oponernos a las autoridades cuando ellas abusan de su poder, pero sin perder de vista que los medios con frecuencia abusan de su poder manipulando lo que publican.
Por eso, hasta cursi resulta idealizar el oficio pintando al periodista como "buscador irreductible de la verdad" y asignándole una inmunidad que los demás ciudadanos no tienen. Aunque suena mejor el rol de Quijote que el de Sancho, casi siempre los periodistas, antes que héroes, somos subordinados asalariados, más bien sirvientes o víctimas (conscientes o no) de intereses y agendas ocultas de terceros, distintas a las declaradas y a menudo contrarias al interés colectivo.
Los periodistas debemos procurar la transparencia de las acciones del funcionario público, pero no somos fiscales ni jueces; los medios no son tribunales y aunque podemos oponernos a una ley injusta, no estamos por encima de ella. Actuar al margen de la ley vale para quienes luchan contra regímenes autoritarios pero, en democracia, corremos el peligro de promover la subversión contra el Estado de derecho que declaramos defender o, en el peor de los casos, de defraudar a las nuevas generaciones que buscan mejores ejemplos.
Por otro lado, limitar el tema de la libertad de expresión a la derogación de un decreto, omite lo esencial: que la comunicación debe ser instrumento del desarrollo humano. Esto requiere una nueva cultura periodística comprometida con transformar la sociedad. Ello implica luchar contra la exclusión social democratizando el acceso a los medios. Por desgracia, el panameño de a pie es protagonista de la noticia como víctima de una tragedia, como muerto de hambre que requiere caridad o como delincuente prófugo o cautivo.
Esto no se puede lograr sin aquellos que dirigen los tres órganos del Estado. De allí la importancia de la actual coyuntura electoral. Tres de los cuatro candidatos presidenciales se han comprometido a derogar las leyes mordaza. Endara, mostrando su volatilidad política, cambió de convicción al reaccionar a una noticia que lo vinculó a las partidas discrecionales del pasado gobierno.
Quien gane el 2 de mayo deberá ir más allá: promover y presidir el debate nacional sobre el tema, construir un consenso y un marco regulatorio que contemplen deberes y derechos. Igualmente, institucionalizar la transparencia y extenderla más allá del ámbito gubernamental. Con la globalización, numerosas entidades privadas invaden territorios que antes pertenecían al Estado y ellas no deben permanecer inmunes al escrutinio social.
(El autor es periodista y Sub Secretario Nacional de Cultura del PRD).
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