Personaje de la semana
Con talante 'machista'
Su negativa a cumplir la Ley de Transparencia es un desafío al Estado de derecho
LINA VEGA ABAD
lvega@prensa.com
La larga, difícil y aún en marcha lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad en una sociedad históricamente machista se enfrenta hoy -en este Panamá del Centenario- con una increíble paradoja: una mujer presidenta que gobierna al mejor estilo machista.
No en vano, la primera presidenta de Panamá no fue incluida en la lista de mujeres distinguidas en el acto organizado hace unos días por la Universidad de Panamá.
Y es que si algo distingue a la mujer madura que es hoy Mireya Moscoso y que comenzó sus andanzas políticas como la silenciosa y sumisa compañera del mítico Arnulfo Arias Madrid, es un notable autoritarismo. Y ese modelo, nada tiene que ver con las propuestas democráticas y dialogantes que impulsa el feminismo del siglo XXI.
La lista de los "éxitos" de Moscoso, alcanzada a sangre y fuego, es larga. Allí están para el recuerdo la "toma" de la Asamblea -lograda gracias al apoyo de varios legisladores de la oposición-; los madrugonazos legislativos para aprobar la reforma electoral que eliminó a su contrincante Alberto Vallarino; las reformas tributarias, conseguidas con el apoyo de grupos de industriales; el nombramiento de estrechos colaboradores como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, violando así el principio de la independencia judicial, y un largo etcétera.
A la lista de excesos cometidos durante sus cinco años de mandato, se suma ahora lo que constituye todo un desafío al Estado de derecho.
Sin importar la existencia de la Ley de Transparencia, que obliga a hacer pública la lista de gastos de las instituciones, la presidenta Moscoso ha dicho, repetido y reiterado, que no publicará los gastos cubiertos con las partidas discrecionales asignadas al Ministerio de la Presidencia.
No es poca cosa. Son 23 millones de dólares, logrados con los impuestos que pagan los panameños y que, por ello, nos convierte a todos en "personas interesadas", requisito exigido por el reglamento que aprobó junto a sus ministros para limitar el alcance de la ley de acceso a la información.
El desafío lanzado a los cuatro vientos, parece contar con la confianza de quien sabe que cuenta con aquellos magistrados que logró nombrar -en contra de la opinión de muchos- en la Corte Suprema.
Nada parece haber importado la petición hecha por el fiscal Electoral, el defensor del Pueblo, los medios de comunicación y la sociedad civil organizada. La presidenta se mantiene en que no dará la información solicitada y, que, de hacerlo, imitará al ex presidente Pérez Balladares, que se ha aventurado a hacerlo, cinco años después de finalizado su mandato.
Incluso, la presidenta citó a Palacio al fiscal Gerardo Solís, para transmitirle una vez más y en compañía de sus más cercanos colaboradores, que no podía ser investigada.
Mientras, la campaña electoral continúa y la presidenta Moscoso sigue también participando abiertamente en ella, gracias a la patente de corso que le suministró, inexplicablemente, el Tribunal Electoral. Hace meses que no es la presidenta de todos los panameños, sino una activista más en campaña.
"El pez se pudre por la cabeza", dice un conocido proverbio. No hay duda. Si la presidenta de la República puede desatender la ley, será difícil evitar el colapso de una institucionalidad ya precaria. Queda preguntarnos si se da cuenta de las consecuencias.
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