Joyas de la perdición
Los presos deben pagar por lo que hicieron, pero es una obligación legal y constitucional lograr que se reincorporen a la sociedad como hombres de bien
Gerardo Berroa Loo
gberroa@prensa.com
Para algunos, el tema carcelario es como ver llover sobre mojado. Y es que el problema, dado que es tan viejo como la peste, ya se ha vuelto "normal" entre los panameños. Lamentablemente, nadie hace nada. Se sucede uno y otro gobierno, cuyos presidentes durante la campaña prometen salomónicas soluciones, pero nada, el problema sigue igual.
Peor aún, cuando los candidatos presidenciales, el perredista Martín Torrijos y el arnulfista José Miguel Alemán, fueron viceministros de Gobierno y Justicia, ministerio bajo el cual se encuentra la dirección del sistema penitenciario, ninguno de los dos hizo nada al respecto.
En marzo del 2001 escribí una nota titulada "La Joya de la corrupción", en la cual el reo Marco Antonio Alvarez denunciaba los vejámenes a los que eran sometidos los presos si se negaban a integrar una banda que encabezaban varios policías, y que se dedicaba a la introducción de cuanto artículo un preso necesitara. Y todo tenía su precio: un pase de piedra, dos dólares con 50 centavos; la marihuana, 1.50; el carrizo, 2 dólares. Un cuchillo, entre 25 y 40 dólares, dependiendo del largo. La segueta, 40 dólares; un celular, 120 dólares. Los revólveres no tienen precio, depende de la víctima.
Dado que la introducción de estos artículos necesitaba de una cadena, los reos eran reclutados para ello. El que se negaba, comentó en aquella ocasión Alvarez, sufría los toletazos que "te ponen a orinar sangre", los spray "ciega ojos", la quebradera de brazos y "la sopa de misterio que es mejor no tomarla porque sabe a rayos".
¿Qué pasó con la denuncia? Las autoridades, en lugar de iniciar una investigación, cuestionaron que La Prensa le creyera a un preso.
A raíz de esa publicación, me escribió la señora Virginia de Garrido, para denunciar la muerte de su hijo en la cárcel La Joya. Según relató la señora Garrido, su hijo Guillermo Garrido De Gracia fue recluido en ese centro penitenciario en enero del 2000. El 8 de febrero del 2001, su madre fue a visitarlo y se le comunicó que a ella no le tocaba visita, sino hasta el 15 de ese mes. Ese 15 de febrero fue a la visita, pero su hijo no apareció. Fue entonces cuando otro reo se le acercó y le informó que Guillermo había muerto. Por supuesto, "me desmayé y perdí el conocimiento", relató la señora.
Cuando despertó, una trabajadora social le comunicó que en efecto su hijo había muerto el 17 de enero del 2001. Tras la trágica noticia de que su hijo había muerto hacía un mes y nadie se lo había informado, fue a la morgue a retirar el cadáver.
"Cuando yo y sus hermanas lo vimos para darle el último adiós, vimos con horror su cuerpo todo moreteado, dándonos seguridad de que fue golpeado en forma inhumana...", relató la señora. Irónicamente, el certificado de defunción decía que Guillermo había muerto por "meningitis".
Han pasado tres años desde que sucedieron ambos hechos, sin embargo, todo sigue igual. Sin ir más lejos, el pasado 21 de febrero se publicó en La Prensa, la salvaje golpiza que recibió el reo Samuel Alexander Brown Navarro, en la cárcel La Joyita. Sus victimarios: ¡dos custodios!
Afortunadamente, sobre la denuncia que hizo en el 2001 Marco Antonio Alvarez, las autoridades han empezado a comprobar que era verdad. El pasado 19 de febrero, el propio director de la Policía, Carlos Barés, informó sobre una red dedicada a introducir armas blancas, drogas y celulares a los centros penales del país. La red, según Barés, está conformada por abogados, policías y familiares de los detenidos; agregó que operan con mayor efectividad en las cárceles La Joya y La Joyita, en el distrito de Panamá. La denuncia de Barés se realizó luego de una requisa en el penal La Joya, donde en los pabellones 6 y 9, los agentes de la Policía encontraron 20 celulares, 21 cargadores, 10 bolas de marihuana, 25 platinas, 11 alicates, ocho chuzos y media segueta, precisamente lo mismo que en el 2001, denunció Alvarez.
En conclusión, no se trata de exigir que los presos vivan en hoteles 5 estrellas; se trata de la defensa de los derechos humanos. Los presos deben pagar por lo que hicieron, pero es una obligación legal y constitucional lograr que se reincorporen a la sociedad como hombres de bien. Lo que no se debe hacer es jugar con la dignidad de los detenidos en cárceles que en vez de centros de resocialización son joyas de la perdición. ¡Hasta cuándo tanta barbaridad!
El autor es periodista
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