Cien mil voluntades y una sola razón
El pueblo es el que manda, saber interpretarlo y obedecerle es el primer deber de quien tenga pretensiones de gobernarlo
Juan Carlos Ansin
drjcal@psi.net.pa
El Tribunal Electoral, que debe su existencia al Artículo 136 de la Constitución Nacional, acaba de negarle a 100 mil ciudadanos que se manifestaron en forma expresa, el derecho a someter a referéndum una pregunta simple y sencilla: la necesidad de una nueva Constitución.
Esta campaña electoral que se distingue de cualquier otra, entre otras cosas, por la mediocridad con que los medios y los políticos abordan los temas de interés público y por una exasperante falta de apreciación de la realidad nacional -tal como se lee en esos manuales de buenas intenciones o guías para recoger votos, falsamente caratulados como programas de gobierno- terminará como ha comenzado, divorciada de la gente.
Negar sin fundamento el referéndum de la mal llamada quinta papeleta -ella nada tiene que ver con las otras cuatro y en todo caso, por su importancia, debiera ser la primera- es una decisión que, contrario a lo que el Tribunal Electoral argumenta, pone en juego no solo al sistema democrático, sino la legitimidad de la futura presidencia.
En un país como el nuestro, que debe más del 65% de lo que produce y con un índice de pobreza rondando el 50%. Un sistema sanitario nacional en vías del colapso -la quiebra de la CSS se llevará el resto-. Una educación cuyo rendimiento debe ser de los más bajos de América a pesar de invertirse proporcionalmente casi lo mismo que en Estados Unidos. Un elevadísimo índice de desempleo que no refleja la totalidad del drama porque no hay números para medir el mercado negro y el subempleo. Una industria y un comercio cada vez más en manos foráneas y un tenebroso TLC esperando en la puerta del Palacio de las Garzas, hacen del próximo período uno de los más difíciles y, tal vez, el de mayor trascendencia.
Sin ánimo de azuzar o de meter miedo, la posible implosión social y política comienza a respirarse en el aire. No hay sismógrafos que lo midan y es una lástima, porque en este siglo donde las encuestas se utilizan para dirigir voluntades y no para reflejarlas, sería de una gran utilidad, particularmente para convencer a descreídos o para acicatear remisos. La reciente experiencia ecuatoriana, argentina, venezolana, boliviana, dominicana y últimamente la haitiana, son ejemplos claros del temporal que se avecina.
No hay razón valedera para no autorizar el referéndum y salvar así nuestra enclenque democracia. La Sra. presidenta y el Consejo de Gabinete no tienen excusa alguna para no autorizarlo u ordenarlo por decreto. Quizá pueda ser este su momento de gloria. Posiblemente el último. Nuestra América se está prendiendo y tanto la Asamblea Legislativa como el Tribunal Electoral acaban, en este tórrido verano, de arrojar al aire una peligrosa colilla.
La única razón que esgrimen los anticonstitucionalistas, es el miedo. Miedo a perder privilegios. Miedo a que la ciudadanía les tome la delantera. Miedo a que la voluntad popular, más experimentada y sufrida pero menos timorata, quiera ejercer sus derechos en forma cotidiana y no en cada elección. Democracia es la voz del pueblo, es la voluntad ciudadana llevada a la práctica, es la autonomía de un país que quiere hacerse nación. Democracia es hacerse oír y respetar por los poderosos. Democracia es lo que transforma nuestra debilidad en fortaleza. Democracia es que el pueblo tenga realmente en sus manos las herramientas del poder político. Democracia es convivir en paz, y la prosperidad es su genuino producto. La Constitución no es la forma, sino el fondo. Nadie tiene derecho a hacernos creer que la naturaleza del agua depende del vaso que la contiene y la Constitución tampoco depende de cómo y quién la hace, sino a quién le sirve. El pueblo es el que manda, saber interpretarlo y obedecerle es el primer deber de quien tenga pretensiones de gobernarlo.
Si no tomamos este mandato seriamente, nuestra historia reciente nos advierte que un pueblo frustrado puede dejar de lado la Constitución que hoy nos rige, nacida de la dictadura "cariñosa" de los 505 representantes que le dio origen en 1972 y cuyos nombres todavía figuran en el texto oficial, y por ser esta el fundamento legal de más de una tropelía cometida con el resguardo leguleyo de políticos corruptos y tribunales acostumbrados a sentenciar con prevaricación.
El autor es médico
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