Panamá, 13 de febrero de 2004
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¿Abogados?

No puede haber una enseñanza seria y dedicada, cuando los profesores andan saltando de una universidad a otra, escasos de preparación, sin una base académica adecuada

Maribel Cornejo Batista

Hace dos décadas eran dos las universidades que impartían la cátedra de derecho. En la que tuve la oportunidad (y el honor) de formarme, la Universidad de Panamá, ya se planteaba el tema de la masificación estudiantil. En cuanto a la Facultad de Derecho, eran muy pocos los salones que había por nivel, y cada salón tenía un promedio de 35 estudiantes.

En aquella época, que no es lejana, pero que al compararla con la actual pareciera que lo fuera, había una cercanía e interacción con los profesores que nos formaban; eran autoridades académicas cuya principal misión consistía en la transmisión adecuada de los conocimientos que el abogado necesita, así como el reforzamiento de los valores que, aprendidos y practicados en casa, fomentarían el correcto desempeño del abogado, lo cual, sumado al aprendizaje y entendimiento de los principios del derecho y a la práctica adecuada de los contenidos académicos y doctrinales de las distintas ramas del derecho, garantizaban que esa "toga" imaginaria nos haría desempeñarnos con satisfacción y, al decir de Couture, con ese gran orgullo de ser abogados.

Las clases se impartían con puntualidad; la principal regla del juego estaba clara: estudiar y prepararse con seriedad; la meta: ser un buen profesional; la formación que se recibía, llevaba implícito un mensaje: producir y crear, investigar más allá, no conformarse. ¿Y el perfil de nuestros profesores? La entrega por su trabajo, lo cual solo resulta cuando hay vocación; eran maestros del derecho, dedicados, tenían experiencia, vasta formación académica y algo muy importante, eran docentes con ejecutorias y trayectoria en sus campos y especialidades. No tengo que repasar el listado de matrícula de entonces, para recordar los buenos profesores con los que tomé las clases, pues sus nombres, por lo excelentes que fueron en su misión de formar a aquella generación, vienen a mi mente con facilidad y por ellos guardo admiración, gratitud y respeto. Me permito mencionar solo algunos: Aura Emérita Guerra de Villalaz, Pedro Barsallo, Carlos Iván Zúñiga, Camilo Octavio Pérez, Carmen Anthony, Arturo Hoyos, César Quintero y Edgardo Molino Mola, entre muchos otros, porque, afortunadamente, la lista de buenos docentes era larga.

¿Qué percibo hoy en día? Una saturación extrema de universidades y de facultades de derecho en todo el país. Son 10 las universidades que imparten esta carrera. Actualmente hay mucho menos rigurosidad y exigencias que entonces. Claro, ello es consecuencia, entre otras cosas, de la gran competencia que hay entre esos distintos entes que reciben la denominación de universidad. Es impresionante y lamentable cuando uno escucha anuncios o comentarios de lo poco que se necesita hoy para ser abogado.

De acuerdo con cifras obtenidas en la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, hasta el año 1995 eran 4 mil 994 las idoneidades que dicha Sala había otorgado, es decir, esa era la cantidad de abogados idóneos que había en el país. Al día de hoy, el número va por el orden de las 8 mil 913 idoneidades, cifra alarmante para el tamaño de nuestra población. Ese total está integrado de la siguiente manera: el 56% corresponde a los abogados que durante 70 años han obtenido idoneidad (desde 1925, cuando se otorgó la primera idoneidad, hasta 1995), y el otro 44% corresponde a los abogados que han obtenido idoneidad en solo ocho años (desde 1996, cuando comenzaron a proliferar las universidades privadas). A esa gran cantidad de abogados se suma otro problema: la formación (o deformación) académica que, con el pasar de los años, ha recibido o recibe la gran mayoría de ellos.

En una ocasión escuché a un colega decir, más bien jactarse, que era profesor de derecho en cinco universidades. La lógica indica que entonces es un profesor mediocre e igual calificativo recibe no solo la formación que está impartiendo, sino también la que reciben sus estudiantes, abogados en potencia. Es una cuestión de lógica; no puede haber una enseñanza seria y dedicada (con las características de la que describí en párrafos anteriores), cuando los profesores andan saltando de una universidad a otra, escasos de preparación, sin una base académica adecuada y carentes de ejecutorias o trayectoria, por el solo hecho de cobrar varios salarios y de poner en sus hojas de vida que son "catedráticos de derecho" en varias universidades. El producto no puede ser otro que abogados huecos, aéreos, perdidos en otra cosa que no en el fondo de la sustancia, haciendo marrullerías en las calles (o en los despachos públicos, porque no solo me estoy refiriendo a los abogados del sector privado), engañando a sus clientes o a los usuarios del sistema, jugándole la pacheca a sus colegas y haciendo presentaciones regulares o malas en los estrados mediante gestiones y actuaciones pobres.

¿Quién sufre esta situación? Por supuesto, la sociedad en general, que se siente estafada y mal atendida en los asuntos en los que necesita del auxilio y del servicio de un profesional del derecho. Por otro lado, sufre también el gremio de abogados, por la degradación de la calidad del servicio legal que afecta a los que sí saben ejercer su profesión; por la competencia desleal y la rebatiña de clientes, y por aquella generalización que "todos los abogados" son deshonestos, tramposos, ineptos, etc., etc. Aunque realmente esto último no debe preocupar al que no se siente aludido. ¿Qué corresponde hacer? Ponerle el cascabel al gato. Hacer un alto y darse cuenta de que hay una problemática urgente por resolver con el gremio en cuanto a la cantidad y calidad de los abogados que lo integran. ¿A quiénes corresponde hacer algo? A todos; en particular a las autoridades administrativas educativas, judiciales y al gremio de abogados. A los padres de familia de esos estudiantes y a los mismos estudiantes les corresponde hacer algo: tienen que ser selectivos y exigentes de una buena formación académica. ¿Queremos la práctica y el ejercicio de un derecho con calidad? Todos somos responsables de que así sea. Esa tarea conlleva un costo que hay que asumir cuanto antes, por la salud del gremio de abogados y por el buen servicio que de ellos la sociedad merece y tiene el derecho de recibir.

La autora es abogada y fiscal de circuito

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