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El Corredor es el patio
La construcción del Corredor Norte ha impactado negativamente
la vida de muchas familias
LINA VEGA ABAD
lvega@prensa.com
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| Los moradores del Sector 3 de Santa Marta señalan la poca
distancia que hay entre sus propiedades y el acceso al Corredor
Norte. |
La tragedia ocurrida en el sector de La Palmita
el pasado 14 de noviembre, donde la construcción de la segunda fase del
Corredor Norte se cobró la vida de tres niños,
no parece haber provocado un profundo y definitivo cambio de
actitud de las autoridades responsables de la obra.
En el Sector Tercero de Santa Marta, junto
a un ramal del Corredor Norte a su paso por San Miguelito, 33
familias sufren la angustia
de vivir a menos de dos metros de la vía.
Y aunque los trabajos de construcción están suspendidos
desde el fatal accidente, los vecinos afectados en Santa Marta
no saben cómo terminará su historia.
Para conocer directamente sus angustias y
sus esfuerzos por encontrar una solución a su actual situación, “Agenda
Urbana” –el programa que lleva a cabo La Prensa y KW
Continente para que los candidatos a puestos de elección
conozcan a fondo la realidad de las personas a quienes desean representar– fue
a Santa Marta a conversar con los vecinos y permitirles que su
voz sea más y mejor escuchada.
Sin embargo, los representantes del Ministerio
de Obras Públicas
(MOP) y de la empresa mexicana Proyectos y Construcciones, S.A.
(PYCSA) decidieron no acudir al llamado de “Agenda Urbana”.
Un riesgo no medido
Para el representante de la Defensoría del Pueblo, Jorge
Fabián Gutiérrez, “el clamor ciudadano en el
tema de la seguridad ha sido manejado con ligereza por parte de
las autoridades”.
Y más grave aún, Gutiérrez relató a
los oyentes de KW Continente que sintonizaron ayer a partir de
las 3:30 p.m. “Agenda Urbana”, que al hacer la inspección
de la documentación relativa a la obra que reposa en las
oficinas del MOP, no se encontraron informes técnicos sobre
estructuras, drenajes y otros fundamentales aspectos relativos
a la seguridad.
“Las autoridades deberían aprender de sus errores
y poner la seguridad de los ciudadanos en primer lugar”,
afirmó Gutiérrez.
Para Rafael Rodríguez, abogado de los vecinos afectados
en el área de La Palmita, “es evidente que nunca se
analizó el impacto social que la construcción de
esta obra tendría”.
Rodríguez relató que ha visitado cada una de las
casas y[las] de las familias afectadas y ha podido constatar cómo
la construcción del Corredor Norte ha impactado profundamente
en sus vidas.
Afectaciones de tipo nervioso, debido principalmente
al ruido, la incertidumbre, el miedo y la angustia por no saber
si serán
indemnizados, son algunos de los más importantes impactos
sufridos por los vecinos.
A esto debe sumarse los problemas respiratorios por exceso de
polvo ahora en verano y las inundaciones en invierno.
Justamente el daño que se produjo en muchas casas debido
a las inundaciones ocurridas durante la pasada estación
lluviosa, provocó quejas de los vecinos y la reacción
de la empresa PYCSA que aceptó pagar algunas de dichas demandas.
Igualmente ocurrió con algunos daños producidos
en las casas como consecuencia de la construcción de la
carretera.
La lista de esos pagos fue remitida a KW Continente
por representantes de PYCSA, donde uno de los periodistas que
participó en “Agenda
Urbana” inquirió a los vecinos sobre la naturaleza
de estos pagos.
En dicha lista aparecían algunos de los vecinos que participaban
en el programa gracias a la unidad móvil de KW Continente
y que alegaban que no tenían información sobre una
futura indemnización.
“No se trata de indemnizaciones para que podamos mudarnos
y adquirir otra casa, sino del pago por daños específicos
provocados por inundaciones y otras causas”, fue la clara
respuesta de los vecinos, quienes se mostraron indignados frente
a lo que consideraron una jugada de PYCSA para desinformar.
¿
Qué servidumbre?
Una simple mirada al área de Santa Marta colindante al ramal
del Corredor Norte, basta para concluir que algo no está nada
bien.
Y es que en los casos más dramáticos, las casas
están a metro y medio de la vía.
Por ello, la pregunta que surge es si se trata
de esta la distancia autorizada por el MOP a PYCSA, o si la empresa
mexicana no cumplió con
la exigencias del gobierno.
Según un informe preparado por la Universidad Tecnológica
a petición de los vecinos de Santa Marta, es fundamental
establecer la línea de propiedad de las viviendas, como
paso previo para saber si se cumplió o no con los 20 metros
de servidumbre establecido.
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| Eduardo Mora, uno de los residentes, mientras expone su queja
al periodista
Jaime Dueñas de 'KW Continente'. A la derecha Loida Rivas |
Y es que, a diferencia de lo que se ha dicho
hasta ahora, los 20 metros de servidumbre no se refieren al espacio
entre la vía
y las casas, sino que identifica al espacio entre la línea
de propiedad de las casas colocadas en un extremo de la vía,
hasta la línea de propiedad de las casas ubicadas en el
otro extremo de la carretera.
Por ello, la pregunta que surge es si los
20 metros de servidumbre son suficientes. Si nos guiamos por
lo que vemos y por el sentido
común, la respuesta es negativa.
Sin embargo, ya se sabe: el sentido común no abunda, por
lo que la realidad que viven en este momento 33 familias de Santa
Marta debido a la vecindad del Corredor Norte, no ha provocado
una acción clara por parte de las autoridades.
Quienes sí lo tienen claro, por el contrario, son los vecinos
afectados. “No existe más salida que nuestra mudanza,
a pesar que no hubiéramos querido marcharnos de aquí.
Por ello deben indemnizarnos”, concluyeron.
Agenda Urbana en la calle
JOSE ARCIA
jarcia@prensa.com
La residencia de Loida Rivas, en el Sector 3 de Santa Marta,
en San Miguelito, estuvo llena de vecinos.
No era para menos. Y es que las 33 familias
que residen en esta área
se agruparon para hacer sentir sus temores, a través de
Agenda Urbana, por la construcción de un acceso a la segunda
fase del Corredor Norte que unirá Tinajita con el corregimiento
Las Mañanitas, en el área este de la capital.
Los moradores, algunos con su familia entera,
escuchaban atentamente los señalamientos del jurista Rafael Rodríguez, quien
se encontraba en la cabina de KW Continente y quien se refirió a
la falta de un estudio social por parte de la empresa Proyectos
y Construcciones S.A. (PYCSA).
Rodríguez es el abogado de las familias afectadas por el
construcción de la segunda fase del Corredor Norte.
El señalamiento de Rodríguez, de que para este proyecto
no se realizó un estudio que contemplara las afectaciones
sociales y físicas de los residentes, arrancó aplausos
y despertó esperanzas en los moradores.
Rivas fue la primera en expresar sus temores
por la construcción
del acceso a la segunda fase del Corredor. Su preocupación
se centró en que para la época lluviosa pasada sus
residencias se inundaron.
Si no se hacen los correctivos a tiempo, dijo,
cuando llegue el invierno sus propiedades volverán a inundarse.
Eduardo Mora, otro de los residentes, se refirió a
las dolencias que sufre su madre producto de las obras de acceso
al
Corredor.
Según el morador, su anciana madre sufrió un paro
cardiaco y un derrame durante los trabajos de construcción
del ramal a esta vía rápida.
Los moradores manifestaron su descontento
con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Quirós, ya que consideran que no
los ha querido atender y se preguntaron por qué no asistió al
programa.
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