La actitud desafiante en que insistentemente ha incurrido la presidenta de la República, Mireya Moscoso, de participar de manera intensa en actos políticos que pueden claramente involucrar la evidente utilización de recursos del Estado en beneficio de determinado candidato a puesto de elección popular, deja un sabor amargo en la ciudadanía, que aspira a un proceso electoral transparente y en el que se garantice el libre juego de las ideas. Los hechos concretos publicados por este diario hablan por sí mismos. Sorprende que la presidenta parece haber olvidado su crítica severa a la participación que en su oportunidad tuviere el entonces presidente Pérez Balladares durante las elecciones pasadas. Más aún asombra que pretenda que los magistrados del TE la llamen para preguntarle si había usado o no los recursos del Estado en lugar de proceder como es su obligación, con completa independencia. La posición de Moscoso parece dirigida a provocar, a menos de tres meses de las elecciones, o el inicio de un juicio político ante la Asamblea Legislativa, o lo que sería igualmente grave, poner en entredicho, en pleno torneo electoral, la credibilidad y eficacia del TE. Nada puede estar más alejado del interés de la ciudadanía y de cualquiera en su sano entendimiento, que un juicio político en estos momentos. Mucho menos se podría desear que la democracia tenga nuevamente que ser defendida con la lucha del pueblo en las calles. Es tiempo de que la mandataria recapacite y asuma la responsabilidad que le corresponde a su investidura y no comprometa la transparencia del proceso electoral con acciones que además constituyen precedentes funestos para nuestra incipiente democracia.