Cierran caso de cónsul asesinado
JOSE OTERO
jotero@prensa.com
Las investigaciones sobre el asesinato del cónsul de Panamá en Guayaquil, Ecuador, Manuel José Ciérvide Lacayo, amigo personal de la presidenta, Mireya Moscoso, fueron cerradas, porque no se logró acreditar evidencias para identificar a los autores intelectuales o materiales de este hecho criminal, ocurrido el 8 de enero del 2003, en Las Cumbres.
Mediante fallo del Segundo Tribunal de Justicia, con fecha 24 de diciembre del 2004 y teniendo como magistrado sustanciador a Wilfredo Sáenz, se dictó un sobreseimiento provisional en este expediente tras considerar que "las declaraciones del único testigo de esta causa presentaban serias dudas que demeritaban el valor de su testimonio".
La Fiscalía Segunda Superior, a cargo de Giomara de Jones, en su vista fiscal había solicitado sobreseimiento provisional en el caso por las mismas causas señaladas por el Segundo Tribunal de Justicia.
Las investigaciones nunca establecieron un móvil concreto en este homicidio.
Ciérvides había retornado al país tan solo dos días antes de su asesinato.
Dentro el expediente se advierte que los informes forenses revelaron que Daniel Julio, un supuesto testigo de este homicidio, es una persona "manipulable" por su discapacidad intelectual.
El dictamen de Medicatura Forense también dictaminó que Julio era una persona con rasgos depresivos, retraimiento y con falta de control emocional.
La evaluación describió que el testigo tiende a la desvalorización de sí mismo, inmadurez emocional y pobre capacidad de razonamiento, además de un coeficiente intelectual por debajo del promedio, por lo que es "altamente manipulable".
Julio hizo señalamientos iniciales contra una serie de personas, lo que sirvió de base para que los investigadores ordenaran la detención y formularan cargos por homicidio contra varios sospechosos.
Sin embargo, se retractó posteriormente y aseguró que fue obligado por agentes de la PTJ a señalar a personas en este crimen porque, de lo contrario, reabrirían una serie de casos penales que tenía pendientes.
Denunció que fue objeto de soborno y extorsión por parte de los investigadores encargados del crimen, para que identificara de manera fraudulenta a dos detenidos que son sospechosos de haber cometido el delito.
Es por lo anterior, que el Segundo Tribunal consideró que "no existen elementos probatorios para determinar que los imputados estén involucrados en este caso".
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