Pocas dudas caben de que la crisis de credibilidad que enfrenta la clase política se vincula con la seria percepción de corrupción de algunos de sus miembros, lo que merece el más serio reproche público. De todos modos, se haría mal en pensar que, sancionando a uno o más, pondríamos fin a males que desde hace mucho vienen afectando a las instituciones representativas. Ocurre que la tal institucionalidad se encuentra amparada en una ley electoral que alienta el intercambio indebido de favores entre bloques opuestos, facilita el ocultamiento de donaciones para campañas y contribuye al distanciamiento entre gobernantes y gobernados. Es decir, si se llegase a sobrepasar decorosamente esta situación de zozobra, aun así el país no se libraría de la fuente de tales aflicciones. Por ello, y para hacer –al menos– más difícil la reproducción del desasosiego que impera, se requiere que la sociedad reconozca el problema principal que afecta nuestro entramado institucional, para poder eliminarlo de raíz. Para tal efecto, resulta importante renovar instituciones como la Asamblea Legislativa, tanto como sea posible; y además, revitalizar al Ejecutivo que, por razones muy conocidas, se muestra estructuralmente incapaz de cumplir con sus viejas promesas y materializar sus mejores sueños.