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Reabrirán casos de dictadura
La Comisión de la Verdad inventarió 110 casos de personas asesinadas o desaparecidas entre 1968 y 1989
Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
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LA PRENSA/Jihan Rodríguez
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Portada de un suplemento publicado por La Prensa
el 13 de diciembre de 1995. Se trata de una investigación sobre nueve estudiantes víctimas de la dictadura. En la portada aparecen Carlos Mendizábal y Elías
Falconett, quienes han dedicado gran parte de sus vidas a clamar justicia
por la muerte de sus hijos. |
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El Organo Judicial reabrirá los casos sobre los crímenes y desapariciones ocurridas durante el régimen militar que gobernó a Panamá entre octubre de 1968 a diciembre de 1989, informó el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos.
Pereira Burgos, quien fue el magistrado ponente en el fallo en que la Sala Segunda de lo Penal de la Corte determinó que el caso del homicidio del dirigente sindical José del Carmen Tuñón, perpetrado en julio de 1969 en la desaparecida Cárcel Modelo, "no prescribe"; dijo que los panameños tienen primero el derecho a saber qué fue lo que ocurrió durante los 20 años de la dictadura castrense.
La Comisión de la Verdad inventarió 110 casos de personas asesinadas o desaparecidas entre 1968 y 1989.
Su presidente, Alberto Almanza, al conocer la decisión de la Sala Penal manifestó que se abre el ciclo de "nuevas, imparciales y efectivas" investigaciones y le brindan un "giro completo" a la antigua denegación de justicia y de derecho de los familiares a saber la verdad en torno a lo acontecido a las víctimas del régimen castrense y su destino final.
Almanza se refería a la posición pública que ha mantenido el procurador José Antonio Sossa, quien apoya la tesis de la prescripción de estos casos. Esta postura ha sido seguida al pie de la letra por algunos subalternos del procurador, quienes han solicitado a los tribunales de justicia el archivo de estos casos basados en que han pasado más de 20 años de ocurrido esos crímenes.
"Todos los casos que tengan la misma situación [de José del Carmen Tuñón] los vamos a reabrir...", reafirmó ayer, el magistrado presidente de la Corte a periodistas durante los actos en conmemoración de la gesta del 9 de enero de 1964.
Pereira Burgos anunció que hay otro expediente en estudio en la Corte. Se trata del crimen de Rubén Miró, muerto a los 58 años de edad, en la carretera hacia Chepo, Pacora, en la provincia de Panamá, el 31 de diciembre de 1969, poco más de un año después del golpe militar.
En declaraciones previas, su hijo, Gabriel Miró, dijo que la decisión de la Sala Penal devela el misterio que el Ministerio Público ha mantenido sobre estos casos y permite alcanzar la deseada justicia que claman los familiares de las víctimas.
Rubén Miró, según la Comisión de la Verdad, estuvo bajo vigilancia abierta por parte de miembros del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), que seguía instrucciones del G-2 del Estado Mayor de la Guardia Nacional, desde las 8:00 a.m. del 9 de diciembre de 1969 hasta las 4:20 p.m. del 31 de diciembre del mismo año.
El DENI en aquel entonces estaba a cargo de Marco Justine Fernández. La sección de Homicidios, según la Comisión de la Verdad, tenía como jefe al inspector Domitilo Córdoba, y los agentes que se encargaron de vigilar a Miró fueron: Eduardo Novo, jefe del grupo, Leslie Loaiza, Angelo Jasper, Osmando Aguilera, Olmedo Avilés, Lorenzo Olaciregui Candelario Cano y Julio Florez.
"Esperen el fallo...", anunció el magistrado César Pereira Burgos.
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