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Acusan a la Defensoría de violar derechos
JEAN MARCEL CHERY
mchery@prensa.com
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LA PRENSA/Jorge Fernández
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Daysi Espino de Aponte, quien ejercía el cargo de jefa de Contabilidad en la Defensoría del Pueblo, fue destituida "injustamente", según Alfredo Berrocal, secretario general encargado de la FENASEP.
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La Defensoría del Pueblo fue acusada ayer de violar los Derechos Humanos de una de sus funcionarias. La víctima es Daysi Espino de Aponte, quien ocupaba el cargo de jefa de contabilidad y fue destituida por el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, por supuesta estrechez presupuestaria.
De acuerdo con su Ley Orgánica, la Defensoría del Pueblo "velará" por la protección de los derechos humanos. El Derecho al Trabajo es considerado uno de ellos, incluidos entre los Derechos de Segunda Generación, tal como lo explica un cartel ubicado en sala de espera de la Defensoría.
Espino de Aponte argumentó que nunca fue amonestada por razones laborales ni personales, por lo cual consideró injusta su destitución.
Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), dijo que el referido despido fue producto de "intrigas, rumores de oficina, bajas pasiones...".
La acción de la Defensoría descalifica a esa entidad para representar los intereses de la población, opinó Berrocal.
Espino de Aponte tenía 15 años de experiencia como servidor público. De acuerdo con ella, la Defensoría justificó la destitución con la existencia de un cerco económico contra la entidad, por lo cual no podían hacerle frente a su salario, que era de mil 500 dólares.
El Defensor del Pueblo tiene un salario de 10 mil dólares y cada uno de sus dos defensores adjuntos gana 6 mil dólares.
La planilla de la Defensoría del Pueblo, accesible desde la página web de la entidad, es de unos 130 mil dólares mensuales. Se destaca en la planilla que hay empleados públicos con idénticas funciones, pero con salarios muy desiguales. Hay casos de secretarias que, incluso, doblan el salario de compañeras con la misma función.
En tanto, la Defensoría informó que la destitución de Espino de Aponte se debió a ajustes por dificultades presupuestarias. En 2002 el presupuesto modificado de la Defensoría era de 2.8 millones de dólares, y el presupuesto aprobado en 2003 y 2004 fue de 2.3 millones de dólares, en cada uno.
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