Bush, los inmigrantes y el sentido común
Es una medida buena para el conjunto de EU, buena para los inmigrantes, y buena para los países de donde estas personas han emigrado
Carlos Alberto Montaner
MADRID. -El presidente Bush se propone legitimar la presencia en suelo americano de los trabajadores hispanos que carecen de permiso de residencia. Por ello lo acusan de "electoralismo". Puede ser. Una medida de esta naturaleza, adoptada a 10 meses de las elecciones generales, tiene, sin duda, gancho político. Los republicanos no poseen demasiadas simpatías entre los hispanos, pero aportan a las urnas unos 6 millones de votos, concentrados en estados clave, y pudieran decidir los resultados de los próximos comicios. Es cierto que el censo arroja la cifra de 38 millones de "hispanos" -una definición muy imprecisa que tiene que ver con el origen cultural-, pero de ellos solo 14 son ciudadanos estadounidenses, y de estos apenas seis suelen depositar su voto.
En realidad, nadie debe escandalizarse por la "jugada" de Bush. Esa es la naturaleza del sistema. En Estados Unidos, cada sector, unido por vagos intereses colectivos -los jubilados, los sindicatos, los empresarios, los homosexuales, los negros pobres, los blancos adinerados, o al revés, y así hasta algo más de 200 grupos identificados por los expertos- busca quien los represente e intenta dotar de poder a esa persona para beneficio del grupo. En ninguna sociedad democrática existe esa dulce abstracción del "bien común". Lo que existe es un dinámico equilibrio entre intereses contrapuestos y yuxtapuestos.
Pero en este episodio hay algo mucho más importante que la mera estrategia política: es una medida buena para el conjunto de Estados Unidos, buena para los inmigrantes, y buena para los países de donde estas personas han emigrado. Esos millones de trabajadores ilegales, a los que resulta casi imposible capturar y deportar, salvo que Estados Unidos creara una especie de Gestapo implacable y vigilante, no pueden pagar impuestos, no pueden progresar al ritmo debido, son más propensos a vivir en guetos en los que se sienten protegidos, pero en los que, con frecuencia, son víctimas de mafias y, en algunas ciudades, como Los Angeles, de niveles terribles de violencia.
Muchos de esos males se evitan por el acto inteligente de tocarlos con la vara mágica de la ley y transformarlos súbitamente en legales. A partir de ahí comienza el ascenso de los inmigrantes dentro de la muy accesible escala social estadounidense. La "ilegal" muchacha hondureña o nicaragüense que hoy trabaja como sirvienta, estudiará inglés sin miedo a ser detenida, mañana se hará técnica en cualquier cosa, y sus hijos tendrán una mayor posibilidad de insertarse dentro del mainstream de la sociedad estadounidense, que es lo que les conviene a todos. Eso también significa una ganancia neta para la sociedad que acogió a los inmigrantes y para el país del que emigraron, pues con las remesas de dólares que mandan a sus familiares consiguen que millones de personas muy pobres mejoren sustancialmente su estándar de vida.
Solo hay que hacerle una objeción seria a la propuesta de Bush: es un error limitar la entrada de los inmigrantes a la supuesta disponibilidad de ciertos puestos de trabajo en los que consigan encajar. Eso es tan absurdo como decidir a priori cuál es el número de zapaterías o pizzerías que puede haber en una ciudad y solo autorizar la apertura de un nuevo establecimiento cuando "lo necesite" la comunidad. Las economías abiertas en las que existe el mercado libre funcionan como un gran campo de tanteo y error en el que las personas van descubriendo las necesidades del consumidor y su propio potencial como productoras de bienes y servicios. Es posible que el campesino mexicano que pasó la frontera para recoger tomates aprenda y advierta que tiene mejores posibilidades de crear riqueza (para él y para la sociedad en la que vive) si se dedica a cortar el césped en barrios de clase media alta. ¿Qué sentido tiene confinarlo a recoger tomates por 6 dólares la hora si puede ganarse 25 en la otra actividad? Precisamente lo que enriquece al conjunto de la sociedad es la asignación eficiente de recursos que proporciona el libre juego del mercado.
Afortunadamente, existe una prueba tangible de que Bush tiene razón en lo que propone. El último censo de Estados Unidos descubrió que la segunda generación de cubano-americanos había logrado un desempeño económico y académico ligeramente superior a la media blanca del país. ¿Por qué? Hay varias razones, pero la más importante es esta: porque desde los años sesenta existe la llamada "ley de ajuste" que les permite a los inmigrantes cubanos legalizar rápidamente su situación laboral, comenzar a trabajar e iniciar su propio camino en busca del "sueño americano". La primera generación, beneficiada por esta legislación, no perdió tiempo en la triste existencia clandestina que deben sufrir los inmigrantes ilegales, y pudo preparar a sus hijos más eficientemente para integrarse a la nueva patria que los acogía.
¿Cuál es la moraleja de esta historia? En lugar de pedir la abrogación de la "ley de ajuste", lo razonable es extender esta legislación al resto de los inmigrantes. Bush está proponiendo algo parecido. Puro sentido común. (Firmas Press)
El autor es periodista y analista internacional
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