Panamá, 5 de enero de 2004
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Un alto al pasado

Hoy la Corte comienza el día con un nuevo presidente, César Pereira Burgos. Su antecesor, Adán Arnulfo Arjona, hace un balance de su gestión

RAFAEL PEREZ G.
rperez@prensa.com

LA PRENSA/Víctor Arosemena
Los cambios no tienen vuelta atrás: Arjona.
Adán Arnulfo Arjona culmina su presidencia en la Corte Suprema de Justicia satisfecho de los cambios que impulsó en el Organo Judicial en los 24 últimos meses. Estos –asegura– son “medibles” y “verificables”. Y lo más importante: no tienen marcha atrás, sostiene.

Tras asumir la presidencia de la Corte, en enero de 2002, Arjona estaba convencido de que podría llevar a cabo una gestión que, alejada de toda “frialdad” y “narcisismos estériles”, cumpliría con impulsar “un movimiento de renovación y cambio”.

Arjona llegó a la Corte Suprema siendo joven, el más joven de todos sus colegas. Ejercía la práctica privada, en la que él, personalmente, tuvo que tramitar casos en los mismos tribunales en que, un año después de su designación como magistrado, le tocaría convertirse en la cara del Organo Judicial.

“No asumí esta responsabilidad para ser gerente de la crisis...”, dice, en su oficina, ubicada en el tercer alto del Palacio de Justicia, en Ancón. Arjona ya había vuelto a su antiguo despacho, dejando libre el del presidente, el cual será ocupado desde hoy, lunes, por su colega, César Pereira Burgos, quien estará al frente de la Corte por los próximos dos años.

La mudanza, junto a sus colaboradores inmediatos, había comenzado un día antes y había terminado hasta después de las 3 de la madrugada. Seis horas más tarde, Arjona estaba en su despacho, rodeado de numerosas cajas repletas de expedientes, de los que no se salvó ni siquiera su escritorio.

Arjona confiesa que su papel como presidente estaba encaminado a encauzar al Organo Judicial hacia “un real y auténtico” cambio que le permitiera –con liderazgo y decisión– enfrentar las demandas de renovación que exige la ciudadanía.

Pero la tarea no fue fácil. “Emprender un movimiento de renovación, de cambios, en una organización que usualmente está sometida al peso de las tradiciones” plantea, según dice, muchos desafíos, y obstáculos.

Al final de su presidencia, empero, se muestra “satisfecho”. “Lo que nos propusimos hacer lo logramos en un elevado porcentaje” dice. “Sabíamos que una empresa de esta magnitud no podía ejecutarse en el reducido plazo de dos años y que la profundización de los cambios en la justicia tenían que recibir la decantación y madurez que le imprime el tiempo a las actuaciones humanas”.

Algunas voces pesimistas –recuerda– han pretendido descalificar este esfuerzo con la trillada expresión de que “una golondrina no hace verano”, olvidando que hoy día en el Organo Judicial no existe una, sino muchas golondrinas que, pese a todos los obstáculos e incomprensiones, han decidido convertirse en auténticos representantes de un movimiento de cambios que no puede tener marcha atrás, asegura.

Con todo, Arjona, que ha recibido el reconocimiento público por su desempeño en el Organo Judicial de parte del gremio de abogados, de Transparencia Internacional (Capítulo de Panamá) y de otros sectores nacionales, no recibió el apoyo de la mayoría de sus colegas para ocupar por dos años más la presidencia de la Corte.

Realmente –dice– es difícil adelantar una hipótesis sobre las razones por las que la mayoría de los magistrados prefirieron refrendar las aspiraciones de Pereira Burgos y no las suyas.

“El hecho claro fue que el día de la votación [para elegir al presidente de la Corte] uno de los magistrados integrantes del pleno, deferentemente me lanzó la propuesta de candidatizarme a efectos de que también se discutiera la posibilidad de que me renovara en el cargo”.

Arjona tampoco hizo gestión alguna con sus colegas para buscar votos necesarios para un segundo período presidencial. Su actitud obedeció, según dijo, a que estaba plenamente consciente de que al final de cuentas debía dejarse en libertad a los magistrados para que tomaran la decisión que consideraran más conveniente.

Lo demás es historia. Arjona recibió –además de su propio voto– el respaldo del magistrado Rogelio Fábrega Zarak, quien lo candidatizó. Arturo Hoyos se abstuvo. El resto –seis magistrados– suscribió la candidatura de Pereira Burgos.

El resultado no sorprendió a Arjona, acostumbrado ya a discrepar con la mayoría de sus colegas. Arjona quizá sea recordado por su decisión de salvar el voto –en contra de la decisión de seis magistrados– en el mayor escándalo político que se recuerde en los últimos años. Se trata del caso CEMIS, en el que sus colegas ordenaron archivar las investigaciones seguidas por el supuesto soborno a legisladores y la ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema. Tres de esos seis magistrados eran suplentes.

“Creo –recuerda Arjona– que de alguna manera quizás la solución técnica que la mayoría optó por darle al asunto no encaraba en toda su magnitud el problema que teníamos y me parece que se había generado tanta expectativa de parte del país alrededor de la decisión que adoptara la Corte, que lo que traté de expresar fue que la Corte me perece que desaprovechó la oportunidad de asumir un rol realmente protagónico en ese momento estelar de la historia nacional”.

En estos tiempos –opina– a la hora de mirar una decisión de un tribunal colegiado, resulta importante observar la posición que adopta cada uno de sus integrantes, porque la Ley brinda la oportunidad de expresar un criterio individual alrededor de un caso y ese es el “gran tesoro y la gran protección” que sabiamente la Constitución y la Ley le han dado al juzgador.

Pese a todas las “tormentas” vividas en este período presidencial, Arjona dice sentirse orgulloso, debido a que la institución logró avances y quedó el compromiso nacional de apoyar el sistema de justicia para que realmente pueda consolidar los cambios que ya se iniciaron y que, “a mi modo de ver, no deben tener marcha atrás”.

Salvamentos que hicieron historia

• El 10 y el 26 de diciembre de 2002 el pleno de la Corte emitió sendas resoluciones que exoneraban a C&W del deber de entregar información relativa a sus estados financieros y planilla de altos ejecutivos. Arjona salvó el voto porque, de acuerdo con su criterio, C&W es una empresa de economía mixta en la que el Estado tiene inversión y presta un servicio público en condiciones de exclusividad.

• El pleno de la corte negó un recurso de habeas data interpuesto contra la Fundación Mar del Sur, porque consideró que dicha fundación era una entidad privada. Arjona salvó su voto alegando que toda la junta de administración de la fundación estaba integrada por funcionarios públicos, los fondos que administraba la fundación eran producto de una cooperación internacional del gobierno de Taiwan, y el proyecto consistía en la construcción de un hospital público.

• El 12 de abril de 2002 una sentencia del pleno de la Corte declaró inconstitucional la capacitación continua de los corredores y ajustadores de seguro. En su salvamento de voto Arjona dice que dichos profesionales desarrollan por ley una función en beneficio del público consumidor de seguros y que mantenerse actualizados es parte de una exigencia reglamentaria permitida por la Constitución.

• El 4 de abril de 2003 el pleno de la Corte consideró constitucional el tratamiento que el reglamento interno de la Asamblea Legislativa le da a la inmunidad legislativa. Arjona estimó que el reglamento interno de la Asamblea es inconstitucional porque va más allá de lo que exige el texto de la carta política.

• El 20 de febrero de 2003, ante una denuncia por violaciones a la ética judicial contra el juez marítimo, un fallo del pleno de la CSJ absolvió al juez Calixto Malcolm por considerar que la violación del debido proceso de que se le acusaba era producto de una errónea interpretación de la ley que podía subsanarse mediante apelación. Arjona consideró que se trataba de una violación inexcusable de las garantías fundamentales que no podía ser tratada con benignidad, pues el juez había mantenido en reserva un peritaje ordenado por él mismo que sirvió de base para condenar a la parte indefensa a pagar una suma superior a los ocho millones de dólares.


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