Peligra ley del Parque Coiba
Ampliación de área de protección genera choque entre los grupos
Cecilia Fonseca S
cfonseca@prensa.com
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| El Parque Nacional está formado por un archipiélago de 30 islas e
islotes. |
Luego de dos años de discusión, ambientalistas y pescadores no se ponen de acuerdo. Pareciera que el proyecto que eleva a categoría de ley el Parque Coiba se quedará guardado y con él
las esperanzas para conseguir mayores recursos de parte de organismos internacionales
y donantes particulares.
Para la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) queda la percepción de que grandes intereses pesqueros llevarán a los legisladores a dilatar su aprobación o inclinarse hacia un sector inmerso en su circuito electoral.
Protección sin prohibición de pesca
La Asociación de Productores, Procesadores y Exportadores de Productos del Mar (APPEXMAR) no ve ambiente para esa ley, y se opone “rotundamente” a que sea aprobada con la ampliación que incluye el banco Aníbal y la isla Montuosa.
En tanto, el administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Ricardo Anguizola, alega que la calumnia es el recurso preferido del que no tiene argumentos en un debate profundo, objetivo y serio, en alusión a que se intenta beneficiar a grupos especiales con esta ley.
“Este tipo de señalamientos parece reflejar intereses distintos a la protección y conservación del área mencionada”, aseguró.
El proyecto 63 –modificado– crea el Parque Nacional de Coiba. Propone una zona que abarcará 430 mil 821 hectáreas y que será custodiada por un Consejo Directivo integrado por cinco entidades gubernamentales, cinco entidades externas y cuatro internacionales.
El proyecto 63 fue aprobado en la penúltima semana de diciembre y espera su inclusión en segundo debate.
El director ejecutivo de ANCON, Líder Sucre, y el comisionado de pesca de APPEXMAR, José Motta, coinciden en que es poco probable que la ley pase los dos debates que faltan.
El primero, porque la ley es muy técnica y los legisladores están enfocados en la política y en las elecciones que se aproximan. Y el segundo, porque no cuenta con los votos.
Según Sucre, la ley está bien equilibrada, pero requeriría de mucha madurez por parte de los legisladores para su aprobación.
Motta explica que la oposición de APPEXMAR radica en la ampliación del parque, porque ocupa muchas áreas de pesca que son imprescindibles para el sostenimiento de los pescadores de Chiriquí, Veraguas y Azuero.
“Sabemos que hace falta el parque, pero con el tamaño actual —270 mil hectáreas— subsisten los pescadores y los recursos”, aseguró.
Cuestionó el que la fundación costarricense Mar Viva haya donado dos naves patrulleras a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), cuando existen graves problemas de pesca ilegal por parte de barcos ticos.
“Nos piratean por fuera y vienen a hacer el papel de ambientalistas también. Eso es una falta de respeto para con los pescadores”, indicó.
El director de Recursos Marinos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Arnulfo Franco, también rechaza que se busque beneficiar a ciertos sectores con el proyecto y hace énfasis en que mediante la Resolución 155 de 2003 la AMP inhibe que embarcaciones de cierta naturaleza (que generalmente buscan atún) puedan entrar a pescar en zonas que son utilizadas por los nacionales por tradición.
“El área límite quedó muy alejada de la isla Coiba y el banco Aníbal”, aseguró el funcionario.
Además —destaca— los pescadores panameños también tienen interés en pescar atún, dorado y especies tradicionales como pargo, mero y tiburón.
Según Franco, en caso de aprobarse la ley, la comisión que regule la pesca en el banco Aníbal tendrá que analizar acertadamente el aspecto de la pesca ilegal. Además de referirse a barcos de otros países que se cuelan en nuestras aguas, la pesca ilegal también involucra a barcos que no acaten la modalidad de pesca estipulada, el tamaño de la embarcación y la cuota de captura.
Un modelo más flexible
Por medio de la Resolución I.D. N° 021 de 17 de diciembre de 1991, del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, se establece Coiba como Parque Nacional y su elevación a categoría de ley permitiría una consolidación de los planes y programas que se desarrollan, así como la captación de recursos internacionales.
El capítulo VI, artículo 19, del proyecto de ley establece la creación de un Consejo Directivo.
Según Sucre, la figura del Consejo es más ventajosa porque le dará al parque mayor flexibilidad.
“No se trata sólo de conservación y de la diversidad biológica, sino de decisiones que económica y socialmente tengan sentido a largo plazo”, indicó.
El Consejo sienta las pautas y toma las decisiones con transparencia —explicó— y se apoya en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para la parte operativa, que incluye vigilancia, mantenimiento de las instalaciones, cuidado de flora y fauna y el cobro por visita al parque.
En ANCON consideran que la figura del Consejo permite a los donantes invertir en lo que ellos quieren: fortalecer infraestructuras (con senderos, boyas para no tirar las anclas en los corales); hacer investigaciones; generación de documentales y literatura; apoyo a las comunidades en área de amortiguamiento para que generen ingresos propios.
Para Anguizola, el nuevo modelo incorpora al sector científico, autoridades locales y organizaciones no gubernamentales en la administración, protección y gestión, lo que da un valor agregado al proyecto.
‘Banco’ de la discordia
En el capítulo III, artículo 7 y 8 del proyecto de ley, se contempla la zona especial de protección marina.
La “nueva zona” incluye el banco Aníbal, donde, según Sucre, se permitirá la pesca de forma más agresiva, con la idea de manejar la sostenibilidad a largo plazo y la explotación pesquera a la vez.
En este banco se reproducen especies pelágicas (que nadan mucho). Destaca la presencia del atún y el dorado.
Actualmente en el banco Aníbal los barcos palangreros pescan dorado y atún —rubro de exportación que genera cerca de 50 millones de dólares—.
Sucre considera que muchos legisladores han sido presionados por “intereses atuneros” que no quieren ninguna limitación y que no piensan en la sostenibilidad de la actividad. Y que, “escudándose con los intereses de los pescadores artesanales se ha luchado mucho para que no pase la ley”.
Sin embargo, la secretaria general de las asociaciones de pescadores de Puerto Armuelles, en Chiriquí, Judith de Calvo, dijo que la prohibición de pesca en el área objeto de extensión afecta directamente a 800 trabajadores del mar de esa región, especialmente en el rubro de peces de exportación.
“Nos interesa que se cuide Coiba”, aseguró Calvo, pero con “cero prohibición de pesca”.
Una encuesta hecha por el grupo destaca que cada bote que sale a pescar representa ocho familias y, a su vez, dependen de él 10 trabajadores indirectos y 5 directos.
Características del parque
La isla Coiba, la más grande del archipiélago (con 50 mil 314 hectáreas), es de origen volcánico. Sus playas, su riqueza marina y su diversidad animal y vegetal la colocan como una zona de invaluable atractivo turístico.
Fue designada como colonia penal en el año de 1919, por el presidente Belisario Porras y hoy día aloja una población penal de 69 internos. Coiba forma parte fundamental del Parque Nacional que, administrativamente, pertenece a la provincia de Veraguas.
Está formado por un archipiélago de 30 islas e islotes. El área protegida, creada en 1991, actualmente es de 270 mil 125 hectáreas; de ellas 216 mil 543 son marinas.
El turismo ecológico tiene en el Parque uno de sus mayores atractivos por su belleza escénica y natural.
Junto a Coiba están las islas Jicarón, Jicarita, Canal de Afuera, Afuerita, Pájaros, Uva, Brincanco y Coibita, entre otras.
En su conjunto, las islas del parque poseen más de 240 kilómetros de costas que en su mayoría se conservan en su estado natural. Hasta la fecha se han identificado en la superficie protegida 69 especies de peces marinos, 12 de equinodermos, 45 de moluscos y 13 de crustáceos.
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