DRP apelará la decisión de Pereira
La Contraloría no se rinde frente a la decisión de Pereira Burgos
LINA VEGA ABAD
lvega@prensa.com
La decisión tomada por el magistrado César Pereira Burgos de ordenar la liberación de los bienes del expresidente Ernesto Pérez Balladares será apelada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP).
El pasado viernes 12 de diciembre, de forma sorpresiva y sin participación del pleno de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Pereira Burgos emitió una resolución ordenándole a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, “que oficie y envíe nota a todas las instituciones públicas y privadas que se ha suspendido la orden de cautelación y puesta fuera del comercio de los bienes, valores, bienes muebles o inmuebles que pertenecen a Ernesto Pérez Balladares...”.
Como consecuencia de ello, y a petición de los abogados de Pérez Balladares, se emitieron notas a los Bancos Continental y General, donde están las principales cuentas del ex presidente.
La decisión de Pereira Burgos provocó la reacción del magistrado de la DRP Ricardo Acevedo, quien anunció ayer que mañana, lunes, apelará al pleno de la Corte, para intentar revertir lo que consideró “una arbitrariedad que atenta contra el patrimonio del Estado”.
“La acción del magistrado Pereira constituye un hecho sin precedentes, ya que por sí y ante sí, decide dejar sin efecto las medidas cautelares ordenadas por la DRP, echando por tierra todos los antecedentes judiciales en la materia”, aseguró Acevedo.
El magistrado Acevedo informó también que no había sido notificado formalmente de la resolución emitida por Pereira Burgos, lo que “viola el debido proceso”.
Los bienes y cuentas personales de Pérez Balladares, hasta por un monto de 6.6 millones de dólares, habían sido cautelados por decisión de la DRP el 13 de noviembre del 2003, debido a irregularidades encontradas en el otorgamiento de la concesión dada a la empresa Ports Engineering & Consultants (PECC), para realizar los servicios de ayuda a la navegación en puertos panameños.
Según la investigación realizada por la Contraloría General de la República, la concesión a PECC, hecha durante la administración de Pérez Balladares, violó los procedimientos legales, que incluyen la selección del contratista y la aprobación del Consejo de Gabinete.
La decisión de la DRP contra los bienes de Pérez Balladares fue objeto de un amparo de garantías constitucionales, rápidamente acogido por el magistrado Pereira el 3 de diciembre del 2003, y que produjo la orden de suspender las cautelaciones.
Sin embargo, los bienes de Pérez Balladares no fueron liberados, ya que la DRP interpretó que solo se suspendían las nuevas cautelaciones, manteniéndose las ya hechas.
Esta interpretación hizo que los abogados de Pérez Balladares presentaran un incidente de desacato contra la DRP que debía ser decidido ante el pleno de la Corte. Sin embargo, el magistrado Pereira Burgos decidió unilateralmente ordenar a los bancos la liberación de las cuentas el pasado viernes.
Según la DRP, la cautelación de los bienes de Pérez Balladares tiene como objetivo “evitar que el resultado del proceso de responsabilidad patrimonial futuro sea ilusorio” y debido a que la Contraloría encontró evidencias que vinculan al ex presidente con la empresa concesionaria.
En ese sentido, el contralor Weeden ha manifestado que la lesión patrimonial contra el Estado, de mantenerse la concesión a 20 años, es de aproximadamente 60 millones de balboas.
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