Integridad y corrupción
Lo que está en juego es si somos una sociedad soberana y democrática o un gobierno al servicio de los mandamases del dinero mal habido
Roberto Arosemena Jaén
En este país se habla mucho contra la corrupción y cuando se inicia una investigación en serio contra actos de corrupción de ex funcionarios, la opinión pública empieza a temblar.
Inmediatamente, la gente no cree y el “corrupto y corruptor” empieza a inventar conspiraciones, juego sucio, zancadillas politiqueras e incluso inmunidad del Parlacen, convertido –para desgracia de la corrupción centroamericana– en cueva de narcotráfico.
El caso de la presunta corrupción de un ex presidente de la República ha motivado que el jefe del Ministerio Público, nombrado por el mismo sindicado de corrupción, se haya apresurado a acoger una denuncia por extralimitación de funciones. La ciudadanía está a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La Corte tendrá que decidir si el contralor de la República está cumpliendo con su trabajo o es un funcionario de tercera categoría.
Es un rumor creciente que el investigador, en este caso el contralor, será llevado a los tribunales, lo que significa su virtual destitución hasta que se termine el proceso que ha acogido apresuradamente el Ministerio Público. Es un escándalo que de más de 100 casos de “denuncia” de corrupción, acogidos por el Ministerio Público, solamente se haya fallado una decena. No se podrá enfrentar la corrupción con el actual estilo de gestión del responsable de las investigaciones criminales.
Panamá es un estado de derecho que tendrá que demostrar si se encuentra consolidado o, por el contrario, sigue siendo una República bananera en asuntos de administración de justicia.
Recordamos cuando Eric Arturo Delvalle destituyó al jefe de la Policía –la llamada Fuerza de Ocupación del Estado– Noriega, el jefe de Policía, respondió destituyendo a Delvalle que se creía presidente de la República, pero que en realidad era un títere de los cuarteles, como lo fueron todos los llamados presidentes desde 1972 a 1989.
El problema que tiene la Corte Suprema en las manos es demostrar si el contralor es un títere de los ex presidentes de la República y de los funcionarios de alto nivel del gobierno anterior. La Corte tendrá que decir si el contralor podrá continuar cumpliendo con sus deberes constitucionales o sencillamente ser una caricatura de contralor.
Todos escuchamos cuando el ex presidente Pérez Balladares exclamó que el contralor era un demente. Una reacción típica de un prepotente engreído y no de un ciudadano elevado a la máxima magistratura de la nación y en su caso, “injustamente acusado”.
Le corresponde a la Corte y a la sociedad panameña dilucidar este caso, inédito en Panamá, pero ya de sobra conocido en Nicaragua. La Corte tendrá que definirse como un órgano del Estado, alejado de las pequeñas tormentas tropicales de la politiquería, o, por el contrario, se dejará llevar de ese vicio ridículo que enloquece a los pequeños que llegan al poder: colocarse por encima de la ley.
En realidad, lo que está sobre el tapete es si las instituciones del Estado panameño actuarán conforme al derecho o precipitarán al país al quítate tú porque vengo yo del tiempo de Martínez, Torrijos, Noriega y Paredes.
De qué servirá la democratización electoral de los años noventa si Endara, Pérez Balladares y la actual mandataria Mireya Moscoso no están supeditados a la Constitución y a las leyes, como no lo estuvieron en su día Torrijos y Noriega.
Cualquier cosa que se haga contra el contralor, antes de que se concluyan las investigaciones, será un golpe contundente contra la institucionalidad democrática. El país seguirá siendo, en contra del sentir de muchos panameños dignos, más que una República, una vulgar república bananera.
Y tendremos que volver a las calles, como lo hicimos con miles y miles de patriotas desde 1968 a 1989, a darnos el país que merecemos y que estamos necesitando. Lo que se está jugando es si somos una sociedad soberana y democrática o, por el contrario, un gobierno al servicio de los mandamases del dinero mal habido.
El autor es filósofo, abogado y ex prisionero en Coiba
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